La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que designó a siete fiscales y a las dos unidades criminalísticas contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1958 y 1998.
En el canal del Estado explicó que en las unidades criminalísticas del Área Metropolitana de Caracas y de Lara hay unos 200 funcionarios, equipo al que también se integrarán los directores que ella designará a lo largo de la investigación.
Detalló que la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958-1998 establece que la Comisión por la Justicia y la Verdad estará integrada por siete subcomisiones, sin embargo, los integrantes de la mencionada instancia estudias crear otras nuevas, por lo que se conformarán mesas de trabajo.
La Fiscal General, quien este lunes 04 de marzo fue designada presidenta de dicha Comisión, precisó que el país lo dividirán por regiones, en las que se instalarán las subcomisiones.
Tras ser consultada acerca de si el Ministerio Público maneja una cifra oficial respecto al número de personas muertas, desaparecidas y torturadas entre 1958 y 1998, informó que en la primera reunión realizada este 04 de marzo en la sede del Ministerio Público, los miembros de la Comisión se percataron de que manejan distintos datos, razón por la cual una de las prioridades será cotejar el número que tiene cada uno para dar a conocer la cifra oficial.
No obstante, adelantó que el Ministerio Público cuenta con 125 investigaciones relacionadas con la vulneración de los derechos humanos ocurridas durante las décadas antes referidas. Contó que producto de las investigaciones que viene realizando la institución en cuanto a los homicidios, desapariciones y torturas ocurridas “durante lo que se denominó democracia representativa”, se logró consolidar un banco de ADN de todos los restos con los que ha trabajado la Unidad Criminalística del Ministerio Público.
“Este banco de datos también tiene la individualización de los restos: era alto, pequeño, hombre, mujer, afinidad racial. Por eso, la persona que tenga un familiar desaparecido, se le toma la muestra de sangre para hacer la comparación genética, la cual tiene que coincidir con los restos”, dijo Ortega Díaz.
