LA PAZ. La asociación de propietarios de medios privados de prensa de Bolivia (ANP) rechazó ayer amenazas vertidas por el alcalde de Santa Cruz (este) contra propietarios y periodistas del matutino local «El Deber», que cuestionaron su gestión municipal.
La ANP expresó en un comunicado su «rechazo vehemente a la amenaza vertida por el señor alcalde», al que acusa de haberse convertido «en principal agresor verbal de los periodistas en el departamento de Santa Cruz en los últimos dos años».
Indicó también que los ataques del alcalde, Percy Fernández (derecha), contra medios y periodistas «quedaron en la más absoluta impunidad» pese a las denuncias judiciales interpuestas.
«No descansaré hasta ver enterrados dos metros bajo tierra a Tuffí Aré (editor de El Deber) y a los demás periodistas. Todos los periodistas son una bosta. ¡Encontraremos una estrategia para tumbarlos!», había afirmado Fernández en el acto inaugural de la celebración del mes aniversario de Santa Cruz, el sábado.
La organización internacional Reporteros sin Fronteras recomendó a su vez iniciar al alcalde de Santa Cruz un juicio por «injuria», delito contemplado en el Código Penal.
«Declaraciones de tal violencia son indignas de un político electo y pueden poner en riesgo no sólo la seguridad de los periodistas concernidos sino también la de otros representantes de la profesión», declaró la asociación basada en Francia.
Meses atrás, Fernández había expresado su deseo de que «los periodistas se mueran» y «mejor si era muerte natural». En diciembre pasado humilló en público a un reportero llamándolo «burro» e invitándolo a rebuznar, mientras lo insultaba.
La prensa boliviana ha sido también cuestionada por el propio gobierno nacional, que inició un juicio penal contra tres medios privados a los que acusó de incitar al «racismo o la discriminación».
El Ejecutivo presentó ante la justicia una demanda contra la católica Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario por reproducir polémicas declaraciones del presidente Evo Morales, que el gobierno considera que fueron distorsionadas.
Agencias
