Algunos países productores como EE. UU, Rusia y China, por un lado, y países que compran muchas armas como Venezuela, Pakistán e India han puesto trabas producto de sus temores a perder mercados o a abrir la puerta a injerencias a sus políticas de defensa o de seguridad ciudadana
En el comercio mundial hay reglas para casi todo: si los países quieren vender o comprar toneladas de cambures, o celulares, e incluso intercambiarse fósiles de dinosaurios, se encontrarán sujetos a reglas tan necesarias como certificar que los cambures no estén contaminados, que los teléfonos no excedan los límites de magnetismo que los harían dañinos para la salud, o que los restos fósiles no sean parte de los inventarios de alguna institución científica.
Pero no todo está normado, y entre ellas están las armas de fuego. Da miedo, mucho, que los únicos artefactos que han sido diseñados exclusivamente para matar se puedan vender, comprar, ceder, regalar, prestar o transportar sin ningún tipo de definición sobre lo que es legal, o no, al momento de hacer tales operaciones, sin siquiera estimar y prevenir las consecuencias que estos instrumentos de la muerte y el dolor imponen sobre la vida de las personas.
Tres ejemplos
En la República Democrática del Congo (RDC), un país en el África del Oeste que es tan rico en historia y recursos naturales, se han dado en cadena una serie de conflictos entre grupos políticos y tribales por el control del poder. Allí han llegado armas procedentes de latitudes tan variadas como Bulgaria, China y Bélgica (entre muchas otras) que han servido para agudizar las matanzas, sabotear procesos de paz, y lo peor, generar gran sufrimiento entre sus pobladores.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, alrededor de cuatrocientas mil mujeres son violadas en la RDC al año, la gran mayoría como parte de un proceso en el que la violación es un premio de guerra y una humillación posterior a las comunidades que van siendo avasalladas a medida que se enfrentan las fuerzas militares y los grupos disidentes.
En Baréin, un país Árabe en la zona de los Emiratos, las fuerzas policiales reciben ingentes cantidades de escopetas de perdigones, armas de mano, y bombas lacrimógenas made in Reino Unido, Brasil y EEUU (entre muchos otros) que luego fueron utilizadas sin piedad contra personas que estaban protestando por una reforma democrática.
La Comisión Independiente de Investigación de los Sucesos de Baréin, determinó que en cuestión de un mes de protestas, 35 personas fallecieron asfixiadas por el uso excesivo de bombas lacrimógenas. En un sólo día, las fuerzas policiales cerraron las puertas de un estadio de fútbol y atacaron con bombas lacrimógenas lanzadas desde un helicóptero a miles de personas que participaban de un evento político pacíficamente.
En México, la violencia asociada a los grupos que controlan la distribución de drogas hacia EEUU recibe arsenales de vendedores inescrupulosos que se valen de la ausencia total de leyes y corrupción en ambos países para disparar la violencia letal a más de veinte mil asesinatos al año.
De hecho, en América Latina y el Caribe este tipo de violencia que se da fundamentalmente en centros urbanos, nos ha llevado a ser la región que «lidera» las listas mundiales de asesinatos con tasas de homicidio que duplican las de todo el mundo, y en algunos países hasta las quintuplican.
¿Y la responsabilidad de los países?
El 98% de la producción y venta mundial de armas es generada por los países más poderosos del mundo: son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (que es como la Junta Directiva de esa organización). EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia se han valido de su influencia política y económica para que, amparados con el silencio o complacencia de todos los demás países, no se hiciera nada para controlar el negocio de la muerte.
No obstante, desde el año 2006 algunos países «pequeños» y organizaciones de la sociedad civil como la Red Mundial de Acción contra las Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés), o el movimiento mundial por los derechos humanos Amnistía Internacional empezaron a retar a la comunidad internacional para lograr imponer restricciones a las transferencias de armas cuando estas vayan a usarse para cometer las peores atrocidades y abusos.
Entre esos países «pequeños» (como Malí, Costa Rica y Camboya) y su alianza con la sociedad civil, se ha generado un movimiento que ha ganado terreno e incorporado hasta grandes países productores y han logrado que esta semana y la que viene los Estados estén discutiendo en una «Conferencia Final» en la sede de Naciones Unidas lo que se ha denominado el Tratado de Comercio de Armas (TCA).
El TCA procuraría señalar lo obvio: que no se puede considerar a las armas de fuego como café, azúcar, papel, o cualquier mercancía porque las armas generan un impacto negativo en la vida de las personas. Si sale bien, la humanidad contará con una herramienta para frenar ese impacto que genera una transferencia de armas al momento en que tales armas representen una amenaza y no un remedio a los males de cada país.
El reto de las negociaciones es inmenso, y así ha quedado demostrado en esta primera semana de negociaciones. Algunos países productores como EE. UU, Rusia y China, por un lado, y países que compran muchas armas como Venezuela, Pakistán e India han puesto trabas producto de sus temores a perder mercados o a abrir la puerta a injerencias a sus políticas de defensa o de seguridad ciudadana.
A pesar de esas opiniones, la gran mayoría de países quiere un Tratado de Comercio de Armas fuerte y efectivo, y si recordamos los ejemplos citados arriba, o las otras cientos de situaciones que suceden en todo el mundo, puede que el viernes de la semana que viene, o sino muy pronto, tengamos por fin buenas noticias al tener un tratado que permita vivir y hacer posibles los derechos de todas y todos.
La Voz de los Derechos Humanos
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