Los políticos adversarios de Cristina Fernández rubricaron en el acto un documento en el que detallaron sus críticas a la reforma judicial, que el oficialismo considera una «democratización de la Justicia»
BUENOS AIRES. Los principales dirigentes de varios partidos de la oposición participaron ayer en una protesta en las escalinatas del Palacio de Tribunales de Buenos Aires para expresar su rechazo al proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reformar la justicia en Argentina. El acto fue convocado bajo la consigna «En defensa de una justicia independiente».
Asistieron el jefe de Gobierno de Buenos Aires, el líder del partido PRO de centroderecha Mauricio Macri, el jefe del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Gil Lavedra, el líder del Frente Peronista, el diputado Francisco de Narváez, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro y el exfiscal del histórico juicio a las juntas militares Julio Strassera.
Los políticos opositores rubricaron en el acto un documento en el que detallaron sus críticas a la reforma judicial, que el oficialismo considera una «democratización de la Justicia». Para la oposición, en cambio, se trataría de «una politización de la Justicia».
El exfiscal Strassera advirtió que «esto es el fin de la república». «Es la situación más grave que hemos vivido, quieren convertir a la Justicia en un apéndice del Poder Ejecutivo, tal como es ahora el Congreso, que es un rebaño obediente», señaló.
El prestigioso jurista anticipó en tanto que se les va a «pedir cuentas» a los legisladores que aprueben esta reforma por «infames traidores a la patria», según el artículo 29 de la Constitución.
¨Proyecto deliberadamente malo¨
De Narváez denunció por su parte que «con la democratización de la justicia quieren poner a los jueces de rodillas, mientras (el empresario kirchnerista) Lázaro Baez y otros se afanan (roban) el país».
La senadora Estenssoro afirmó en tanto que los seis proyectos de reforma judicial enviados por el gobierno al Congreso buscan «someter, arrodillar la Justicia al poder político y garantizar impunidad».
La iniciativa oficial abarca la ampliación de 13 a 19 miembros del Consejo de la Magistratura y su elección popular; la limitación de medidas cautelares, la creación de tres cámaras de Casación en los fueros Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, la reforma del sistema de concursos para el ingreso al Poder Judicial y la publicación de las resoluciones de la Corte Suprema, de las causas, y de las declaraciones juradas de los funcionarios.
El proyecto fue cuestionado por varias entidades de abogados y jueces. Según un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la iniciativa «cercena la independencia» de la Justicia.
«Esta asociación manifiesta que los proyectos de ley presentados alteran sustancialmente el funcionamiento de la Justicia y de ninguna manera atienden a una reforma que amplíe las posibilidades de ejercer derechos», señala la entidad.
«Se pretende sustituir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado, vaciándola de funciones (…). A ello se suma que se promueve la partidización del Consejo de la Magistratura», cuya nueva composición -según la AMFJN- «no resulta respetuosa del equilibrio que la Constitución Nacional prescribe». Agencias
Propósito
«Estos proyectos pretenden terminar con el carácter de Poder del Estado de la Justicia, haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial y con un sistema que permite la fácil selección o acusación según el criterio de ese partido que contará con las dos terceras partes del cuerpo», agrega.
