Mora electoral y desconocimiento de federaciones críticas de la política oficial son los obstáculos usados, denunciaron sindicalistas
La discusión de 400 convenciones colectivas del sector público, vencidas hace años, continúa sin resolverse debido a los procedimientos discrecionales y posiciones intransigentes de los Ministerios del Trabajo y de Planificación y Finanzas, manifestaron dirigentes sindicales.
Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores indicó que entre las trabas utilizadas para impedir las negociaciones son la mora electoral de las organizaciones y la censura a las federaciones y sindicatos críticos a las políticas oficiales.
El representante de Unete indicó que han propuesto “hasta el cansancio que la negociación de los contratos se haga con los sindicatos de base, cuyas directivas estén legitimadas por elecciones”.
Responsabiliza al titular de Finanzas, Jorge Giordani, de retrasar el estudio económico necesario para que el Ministerio del Trabajo llame a negociar. A esto sumó las trabas y poca diligencia del despacho laboral para citar a las partes.
“En 2008, Giordani informó a la Unete que sólo se firmarían tres contratos colectivos (petrolero, eléctrico y educación) y así fue”, dijo Carbone. Sobre el contrato marco de la administración pública, vencido hace 8 años, señaló que se introdujeron dos proyectos pero están engavetados.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, refirió que Fedeunep y Fentrasep (la federación oficialista) acordaron fusionarse para lograr el contrato marco y la reforma de leyes del sector público.
Suárez indicó que la fusión no es inmediata, por lo que los sindicatos de base legitimados deben discutir el contrato marco, del cual dependen las convenciones sectoriales. Refirió que los procedimientos del Ministerio de Finanzas entraban las negociaciones.
El 13 de abril se instaló en el despacho del Trabajo la mesa de discusión de la normativa laboral de la salud que ampara 500.000 trabajadores del Ministerio de salud, Seguro Social e Ipasme.
La dirigente Gladis Montenegro indicó que ambos ministerios sólo aceptan para la negociar a la federación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la cual no ha hecho elecciones. Esta situación ocasionó la impugnación por parte del sindicato de la región capital que exige la sustitución del apéndice de la CBST por los sindicatos de base legitimados.
Desde 2006 no se discute la normativa laboral de la salud que el Ejecutivo impuso al contrato colectivo de 1992.
Aumentará conflictividad laboral
El dirigente sindical, Serbando Carbone, señaló que “amigos cercanos” al gabinete económico les informaron que el Gobierno no tiene dinero para negociar los contratos colectivos y pagar los pasivos laborales con instrumentos como el Petrorinoco. “Los trabajadores no vamos a aceptar ese argumento y estaremos en la calle exigiendo nuestros derechos”, dijo.
Agencias
