Hernán Papaterra e-mail: hpapaterra@yahoo.com
Venezuela tiene poco menos de catorce años experimentando la llamada violencia económica. Fue la característica más relevante de la gestión de trece años de gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Se sufrió esa involución política en el mundo financiero, comercial e industrial privado del país. Expropiaciones arbitrarias, expoliaciones atrabiliarias, devaluaciones estrafalarias, retaliaciones carcelarias. Significó el cierre de importantes oportunidades de empleo e ingresos.
Significó quitarle a muchos hombres y familias lo que en el momento poseían. Implicó la disminución de las posibilidades de desarrollar las capacidades productivas y emprendedoras propias del país. Violencia que ha afectado gravemente la economía y sólo ha tenido como resultado un retroceso en el desarrollo nacional y ha generado más pobreza, marginalidad y excusión social.
Ahora, concluida la campaña presidencial de abril de 2013, donde en lo práctico continua el modelo totalitario chavista, afloran la violencia política y la violencia social. Antes las hubo, pero en la realidad de hoy emergen con demasiada fuerza, tomando ribetes de escándalo público, llamando la atención nacional e internacional.
La violencia política es la comisión de actos violentos motivados por la obtención o mantenimiento de poder político. Por su parte, la violencia social es la ejecución de actos incentivados por la obtención o mantenimiento de poder social. La primera se manifiesta en acciones y actividades de terrorismo y crímenes políticos. La segunda, por la inducción de crímenes callejeros ante las protestas populares, robos inducidos contra actores sociales disidentes en lo político, secuestro de figuras sociales relevantes.
Que un alto funcionario de la administración de gobierno presidida por Nicolás Maduro, pretextando ignorar u obviar las leyes laborales -caso del ministro Ricardo Molina, responsable de la cartera de Vivienda y Hábitat- amenazando a los empleados del ente público que militen en los partidos distintos al PSUV, constituye violencia política. Que lo justifique la diputada Blanca Eekhout, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es violencia política. Que lo excuse Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, es violencia política.
Que ciudadanos participantes en reclamos reivindicatorios, que reclaman pacíficamente y sin armas en las calles del país, sean agraviados por colectivos sociales, grupos violentos motorizados, o por funcionarios policiales y militares, con golpes, bombas incendiarias, gases lacrimógenos y disparos de perdigones o balas, es violencia social. Que líderes populares -caso del diputado barinés Wilmer Azuaje y su hermano- resulten secuestrados en razón de sus actividades políticas y sociales en Barinas es violencia social. Que estudiantes participantes en manifestaciones en Barquisimeto, sean golpeados, detenidos en calabozos y amedrentados por policías y militares, e impedidos por tribunales para participar en protestas sociales, es violencia social. Que damnificados recluidos en refugios sean reprimidos violentamente por la guardia nacional y del pueblo, por reclamar la entrega de viviendas, es violencia social.
