En esta encarnizada lucha del Gobierno y Capriles por sacarle el mayor provecho político a la situación actual, los venezolanos nos hemos enterado de que el 80 por ciento de los electores son fascistas. Así lo han aseverado los dirigentes gubernamentales de quienes no votaron por Maduro (40 % de los votantes) y así lo han dicho Capriles y compañía de quienes votaron por Maduro (40 % restante). Los combatientes tratan de mantener de su lado a los votantes que los favorecieron el 14 de abril; los chavecistas, adicionalmente, tratan de recuperar parte de los 700 mil votos que se les fueron con Capriles. Éste trata además de consolidarse como líder de la oposición. De nuevo, como en las elecciones, el principal problema y el blanco de los discursos de ambos sectores son sus propios militantes, amigos y simpatizantes. Es hacia ellos que se habla y a quienes se trata de convencer, independientemente de que parezca que se dirigen y acusan a su oponente.
Capriles y la oposición de la MUD declaran desconocer los resultados electorales, actitud que no debería sorprender a quienes, durante casi 40 años, los desconocimos en el pasado adeco-copeyano. Utiliza la ejecución de un cacerolazo para hacerse sentir y se moviliza en varias ciudades del país: exige la auditoría de todas las urnas electorales y cuadernos de votación. El Gobierno los acusa de desestabilizadores y de ser autores de 8 asesinatos no investigados y de la quema y destrucción de varios centros de diagnóstico integral (CDI) y una casa del PSUV en Sucre. Adicionalmente, se les suspende a sus diputados el derecho de palabra en la Asamblea Nacional, medida claramente inconstitucional. Capriles responde que ha llamado a protestar pacíficamente y rechaza que se trate de un plan desestabilizador. Se descubre que no hubo destrucción de los CDI y que sólo fueron objeto de cacerolazos y de algunas pintas, en protesta por la presencia de los médicos cubanos.
El Consejo Nacional Electoral decide extender la verificación ciudadana al material electoral restante, tal y como se había hecho el mismo día electoral con más de la mitad de las urnas. Capriles acepta rápidamente, lo que hizo pensar que la conflictividad se reduciría, pero luego insiste en la petición inicial lo que prolonga el conflicto político electoral. Suenan de nuevo las cacerolas, Capriles se dirige al país con su versión de los hechos y su posición y el Gobierno lo sabotea encadenando los medios audiovisuales, para transmitir sus contrarios puntos de vista y opiniones. Quienes desde el Gobierno pidieron la necesidad de diálogo y reflexión concluyen que la oposición de Capriles ha echado por tierra esa posibilidad. “Se prepara una celda para Capriles” dice la ministro Varela y “Capriles puede ser enjuiciado por traición a la patria” dice un reconvertido en chavecista quién sabe por gracia de quién o de qué.
Aparecen los heridos serios de la oposición, las decenas de detenidos y un mil denuncias de acoso laboral y de despidos de empleados públicos (PDVSA, Vargas, Zulia, Bolívar, a la cabeza), que no votaron por Maduro. Todos ven la viga en el ojo ajeno; nadie en el propio.
Luis Fuenmayor Toro
