La ley es parte de un plan de acción en materia de mujer e igualdad que fue ayer aprobada en una reunión del Ejecutivo presidida por el primer ministro, Chung Hong-won
El Gobierno de Corea del Sur anunció este martes que pondrá a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, y a través de «smartphones», direcciones de personas condenadas por delitos sexuales, en un nuevo intento de combatir el incremento de este tipo de delincuencia.
Desde 2011 el Gobierno ya envía a los hogares en los que residen menores de 19 años cartas en las que figuran nombre, edad, dirección, matrícula de vehículo y otros datos personales de violadores y pederastas condenados que residan cerca.
Mediante entrada en vigor de una nueva ley, el próximo 19 de junio, el Gobierno hará accesibles estos datos a través de un dispositivo móvil a aquellas personas que lo soliciten, indicaron fuentes del Ministerio de Familia, citadas por la agencia local Yonhap.
La ley es parte de un plan de acción en materia de mujer e igualdad que fue ayer aprobada en una reunión del Ejecutivo presidida por el primer ministro, Chung Hong-won.
La información será accesible a través de estos teléfonos inteligentes a partir de 2014, explicaron portavoces del ministerio, que añadieron que también se aportarán datos como si la persona es reincidente o si lleva tobillera electrónica, la cual se aplica a los condenados por pederastia o que han cometido más de un delito sexual.
Según datos oficiales, los crímenes de esta índole en el país han aumentado de los 10.189 del año 2000 a los 20.189 en 2011, de los cuales 9.115 (o el 45 por ciento) fueron cometidos por reincidentes.
Pese a las críticas recibidas por algunos sectores que consideran que se vulneran algunos derechos de privacidad con la publicación de estos datos personales, el Gobierno no ha querido dar marcha atrás en este sentido.
En 2011 también aprobó la castración química, pena que se aplicó por primera vez a un convicto reincidente a primeros de este año.
Corea del Sur ha sido el primer país de Asia en poner en práctica ese tipo de condena, después de años de implementación en países como Alemania, Dinamarca, Suiza, Polonia o en el Estado de California, en EEUU.
Agencias