El Ministerio Público acusó al exfuncionario de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero Sánchez Araujo (65), por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven estudiante Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo, estado Cojedes.
Los fiscales 8°, 39° y 80° nacionales, junto a la 83° del área metropolitana de Caracas con competencia en Derechos Fundamentales, Mery Gómez, Juan Carlos Tabares, Elvis Rodríguez y Alba Martínez, respectivamente, acusaron al sexagenario por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, y uso indebido de arma de guerra.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron al Tribunal 1° de Control de Cojedes que admitiera la acusación y los medios de prueba ofrecidos y que se ordenara el enjuiciamiento del exfuncionario policial, quien permanece recluido en la sede principal de la policía regional.
De acuerdo con la investigación, el día antes citado, funcionarios de la extinta Digepol, entre ellos Homero Sánchez, llegaron a la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y sin mediar palabras le habrían efectuado un disparo a la luchadora social. Al notar que la víctima seguía con vida, Sánchez la habría asfixiado causándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público, el exfuncionario de la Digepol fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 1° de marzo en los Valles del Tuy, estado Miranda, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal 1° de Control de Cojedes.
Eslaida Vásquez Rojas nació en 1957, en Aroa, estado Yaracuy, convirtiéndose con el transcurrir de su adolescencia en una luchadora social por la causa de los sectores más humildes en esa región. Conviene destacar que este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Vale recordar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión dirigida por la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé; y conformada por fiscales de esa dependencia, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes fortalecen las investigaciones en dichos casos.
