BOGOTA. Un veterano político fue condenado el miércoles a 30 años de cárcel como autor intelectual de una masacre de 43 personas perpetrada por paramilitares en el norte del país en 1988, informó la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia condenatoria del alto tribunal recayó en el ex congresista César Pérez García, de 78 años, quien fue hallado responsable de la comisión de un «crimen de lesa humanidad» en los hechos sucedidos la noche del 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia y a unos 300 kilómetros al noroeste de Bogotá.
El defensor de Pérez García, el abogado Jorge Aníbal Gómez, aunque dijo vía telefónica a The Associated Press que respetaba la sentencia aunque la calificó de injusta.
La oficina de prensa de la Corte Suprema informó telefónicamente que Pérez fue encontrado culpable de los delitos de homicidio, lesiones personales y concierto para delinquir, la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.
Pérez García había sido arrestado en julio del año pasado y desde entonces ha permanecido detenido en La Picota, una cárcel ubicada en el sur de la capital colombiana.
Con la confesión del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias «Vladimir», «se dio paso a la presunta participación del doctor César Pérez García como determinador de los hechos, al develar Vladimir las relaciones entre el ex congresista (y los jefes paramilitares) Henry de Jesús Pérez y Fidel Castaño Gil, de su actuar para cumplir la misión encomendada, como era incursionar en la población de Segovia… dado el interés político del líder liberal de recuperar ese municipio que otrora había sido su fortín político», sostuvo la Corte Suprema en la acusación contra Pérez García en marzo de 2011.
El ex congresista había sido investigado en el pasado por la Fiscalía como autor intelectual de la masacre, pero como nunca se tomó la decisión de enjuiciarlo el plazo para juzgarlo prescribió en noviembre de 2008. Sin embargo, la Corte Suprema retomó el caso luego de que a fines de 2009 resolvió que los delitos de lesa humanidad no prescriben y por tanto Pérez García volvió a quedar bajo investigación. En Colombia, las investigaciones por el delito de homicidio prescriben o se archivan a los 20 años si las autoridades judiciales no han ubicado y procesado a los responsables.
La pesquisa hecha por la Fiscalía en las décadas de 1980 y 1990 sostenía que la masacre habría sido cometida en venganza por la derrota que los partidos tradicionales -como el Partido Liberal, en el que militaba Pérez García y quien era un dirigente de la zona de la matanza- habían sufrido en las elecciones para alcaldes de marzo de 1988 a manos de la Unión Patriótica.
La Unión Patriótica fue un movimiento político que surgió de un fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo desapareció en medio del asesinato de unos 3.000 de sus miembros a manos de escuadrones de la muerte.
Alias «Vladimir» aseguró en la Fiscalía en enero de 1996 que Pérez García «fue quien coordinó (la masacre) con (el ex jefe paramilitar) Fidel Castaño, pidió toda la ayuda para sacar la UP (Unión Patriótica) de Segovia porque había perdido las elecciones».
Pérez García siempre se mostró ajeno a los hechos y pregonó su inocencia.
La investigación contra Pérez García se reactivó en momentos en que la Corte Suprema adelantaba una vasta pesquisa para establecer los nexos entre la clase política y los paramilitares.
Desde fines de 2006 a la fecha el alto tribunal ha procesado y condenado a no menos de 70 congresistas y ex congresistas por sus probados lazos con esos grupos de ultraderecha que, en Colombia, están acusados de miles de homicidios y del desplazamiento de campesinos de sus tierras.
Al menos un teniente coronel y un mayor del ejército, así como el capitán de policía en Segovia en el momento del homicidio colectivo, ya fueron condenados por el caso.
AP
