Dos generales del Ejército admitieron hoy prácticas corruptas de funcionarios involucrados en la lucha contra los delitos y advirtieron que actuarán en su contra para garantizar éxito a un plan contra el hampa que suma a los militares.
«Vamos a apretar duro las tuercas» y «al que no le guste puede agarrar sus patines y se va (…); el que no cumpla pone su cargo a la orden», dijo el ministro del Interior, general Miguel Rodríguez.
El ministro admitió en una alocución televisada conjunta con el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Wilmer Barrientos, que existen «mafias» en instancias estatales tales como las notarías.
«El notario que permite que se registre un bien producto del robo o del lavado de dinero estará en problemas», dijo Rodríguez y añadió que entre las víctimas de vehículos robados «uno no sabe si se alegran más porque se los roban o porque se los regresan» desvalijados en los estacionamientos donde permanecen bajo custodia.
También en las oficinas de expedición de documentos de identidad «seremos bastante estrictos», añadió y aseguró que lo mismo ocurrirá contra aquellos agentes que, por ejemplo, no resguarden debidamente establecimientos educativos «donde ataca el narcotráfico».
Rodríguez remarcó que sólo así «dará buenos resultados» el plan puesto en marcha esta semana por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que contempla la salida a las calles de soldados de la FANB para combatir la inseguridad junto a los cuerpos policiales.
El denominado «Plan Patria Segura» suma a los militares porque de nada serviría, remarcó Barrientos, «tener una FANB bien entrenada para manejar misiles, blindados y cohetes cuando nos están matando al pueblo».
«A los comandantes de nuestras unidades yo les pido esa reflexión y que no seamos egoístas y aportemos los afectivos» necesarios al plan, añadió tras subrayar que tampoco la FANB está «para maltratar, humillar ni vejar al pueblo».
Barrientos coincidió con Rodríguez en que también deben ser combatidos los «funcionarios que matraquean y cobran» coimas. «Tampoco podemos permitir, prosiguió Barrientos, que venezolanos utilicen este tema de la inseguridad como un elemento para hacer política mala contra el país».
Con ello pareció aludir al líder opositor Henrique Capriles, quien vaticinó que el plan será un «fracaso más» del Gobierno porque los países que combaten la violencia con éxito «no lo hacen con su Ejército, lo hacen con su policía».
El Gobierno de Venezuela ordenó el lunes pasado la salida de 3.000 soldados a custodiar las calles de Caracas, en un plan que hoy se amplió a otras zonas del país para atacar lo que Maduro ha reconocido como el problema «más grave» del país.
Según cifras divulgadas por el Gobierno en marzo pasado, en Venezuela se registraron 16.072 asesinatos en el 2012, un 14 por ciento más que el año anterior, lo que arrojó una tasa anual de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) dijo que las estadísticas son aún más crudas y que la violencia criminal se cobró en 2012 la vida de 21.692 personas, para una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. EFE
