La violencia extendida en la sociedad y su generalización en el entorno carcelario, donde continuaron los motines durante el año, fueron denunciados como ataques a los derechos humanos en Venezuela por Amnistía Internacional (AI).
En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2012, la organización internacional destacó que el índice de asesinatos en Venezuela es «uno de los más altos de América Latina» y denunció «la ausencia de control sobre la disponibilidad de las armas de fuego y las municiones».
Aunque AI resaltó el esfuerzo llevado a cabo por las autoridades para «alentar a la población a entregar voluntariamente sus armas de fuego», apuntó con preocupación la falta de «información oficial y precisa sobre la violencia».
No obstante, Amnistía Internacional incluyó en su informe que, a finales de 2012, estaba pendiente de debate en la Asamblea Nacional «un proyecto de ley para el control de armas, municiones y desarme». La organización expresó su preocupación por la situación extrema en el entorno carcelario, en el que, según las cifras analizadas, al menos 591 personas «murieron violentamente» en prisiones del país durante 2012.
AI destacó que el uso de armas de fuego, explosivos y otras era «habitual» y que continuaba siendo frecuente el desencadenamiento de motines, como el ocurrido en el Centro Penitenciario de la Región Andina, que duró 20 días, o el de la prisión de Yare (Caracas), que provocó 26 muertos y 43 heridos.
Además, la organización puso el acento en el anuncio, hecho en mayo, del entonces presidente Hugo Chávez -reelegido en octubre de 2012 y fallecido en marzo de 2013- de retirar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual, según el texto, supondrá para el país que «las víctimas de violaciones de derechos humanos no podrían presentar denuncias ante el tribunal de máxima instancia del continente americano».
AI también insistió en que varias recomendaciones sobre derechos humanos de Naciones Unidas fueron rechazadas por las autoridades venezolanas, como la creación «de un Plan de Derechos Humanos» o el curso de «invitaciones permanentes a organismos y mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales».
Al finalizar 2012, Venezuela «no había ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ni había respondido a las peticiones de seis relatores especiales de visitar el país», continuó el informe, que denunció «acusaciones infundadas» y «agresiones» contra activistas pro derechos humanos.
En el caso de la violencia machista, AI remarcó que Venezuela seguía en 2012 «sin contar con un marco regulador» para abordar los casos de ataques contra las mujeres. EFE
