Algunos expertos coinciden en que resulta llamativo que Bolivia haya presentado antes de que La Haya difunda el dictamen del litigio entre Perú y Chile
SUCRE. Bolivia mantiene hasta el momento en reserva los argumentos centrales de la demanda que presentará contra Chile en los próximos días, antes de que se conozca el fallo por el litigio marítimo entre ese país y Perú, que puede tener repercusiones en la reivindicación boliviana. El presidente Evo Morales anunció ayer que en los próximos días una delegación boliviana presentará una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde Chile afronta también el litigio con Perú. El mandatario no develó cuál será la base de su argumentación ni su propósito exacto.
Bolivia busca obtener una salida con soberanía al mar, perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1883) que, en alianza con Perú, libró contra Chile y cuyo resultado quedó sellado en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904. Desde que hace dos años Morales anunció su intención de acudir a tribunales internacionales, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de la Cancillería boliviana acumuló documentación histórica y trabajó con expertos jurídicos nacionales y extranjeros para definir su estrategia jurídica.
Según fuentes extraoficiales, entre los extranjeros se encuentran el abogado británico Philippe Sands, el letrado francés Mathias Forteau, el jurista argentino Marcelo Cohen y el español Antonio Remiro Brotons, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Parece evidente que Bolivia no buscará impugnar el tratado de 1904, aunque Morales lo considera injusto e impuesto por la fuerza. El Congreso boliviano ha aprobado levantar una reserva a un artículo del Pacto de Bogotá de 1948, que reconoce la jurisdicción de la CIJ, que impide utilizar este mecanismo para tratar asuntos resueltos antes de ese año, como es el caso del Tratado de 1904.
Otra opción sería que Bolivia, tal como Morales ha sostenido repetidamente, acusara en su demanda a Chile de incumplir el tratado, pero, según sostienen los principales diarios chilenos, eso sería competencia de la Corte Permanente de Arbitraje, también con sede en La Haya. Por otra parte, algunos expertos coinciden en que resulta llamativo que Bolivia haya presentado antes de que La Haya difunda el dictamen del litigio entre Perú y Chile, que se prevé para mediados de año.
«La estrategia de la internacionalización no es completamente nueva. Lo que sí llama la atención es que se podía esperar que concluyera el dictamen respecto al contencioso entre Chile y Perú para que Bolivia interpusiera su demanda», señaló el analista Gilberto Aranda. «Esto es un elemento adicional que, imagino, conocerán los jueces en el contencioso entre Chile y Perú y me imagino que lo van a tener en cuenta. A los jueces los coloca en una posición no del todo cómoda», añadió Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Sobre el papel, la postura y los logros de Perú pueden tener una doble implicación en la controversia entre Chile y Bolivia. Una de las opciones planteadas por Chile era otorgar a Bolivia una franja de 7 kilómetros por el norte de la ciudad de Arica, justo en la frontera con Perú, pero sin soberanía, condición que fue uno de los puntos de fricción en las conversaciones bilaterales, ahora congeladas.
Por una parte, el Tratado de 1929 entre Chile y Perú establece que el primer país no puede ceder a Bolivia ningún territorio que hubiese sido peruano, como es el caso de Arica, sin consultar primero a Perú. Por otra parte, si la Corte fijara la frontera marítima tal como solicita Perú, es decir, proyectada hacia el suroeste, en un ángulo de unos 35 grados respecto al paralelo geográfico, el puerto de Arica quedaría enclaustrado, y también las opciones de Bolivia.
«Si hay una cesión marítima absoluta a Perú, ya no hay mucho margen de discusión entre Chile y Bolivia», resume Aranda. Más complejo sería que Bolivia accediera al mar por sus antiguos territorios, que se sitúan más al sur. «La idea de entregar territorio que fue boliviano es absolutamente inviable, porque eso significaría entregar algunas zonas cercanas a Antofagasta y, por tanto, diseccionar a Chile en dos partes», concluye el académico.
Agencias