Con la expulsión de tres diplomáticos estadounidenses de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denuncia una supuesta conspiración de Washington para desviar la atención de la grave crisis económica que vive el país, a casi dos meses de las cruciales elecciones municipales de diciembre, opinan analistas.
«Estados Unidos es el gran comodín del gobierno revolucionario, por eso el gobierno no quiere ninguna estabilidad en las relaciones. Con la expulsión, busca algún tema con el que ocupar titulares para tapar su enorme ineficiencia económica», dijo a la AFP Félix Gerardo Arellano, profesor de ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Tras varios meses de altibajos en las relaciones con Estados Unidos, principal comprador de petróleo de Venezuela, con 900.000 barriles diarios, Maduro anunció el lunes la expulsión de la encargada de negocios de ese país en Caracas, Kelly Keiderling, y a otros dos funcionarios, al acusarlos de fomentar con la oposición un supuesto sabotaje económico y eléctrico desde Puerto Ordaz (sur), donde se concentran las industrias básicas y la generación de energía hidroeléctrica del país.
«El presidente Maduro está tratando de aplicar las mismas fórmulas que aplicaba el presidente (Hugo) Chávez, en circunstancias muy distintas y con menos habilidades. Lo está tratando de hacer obviamente no sólo por el derrumbe económico del país sino también el intento por mantener el apoyo de los chavistas radicales», opinó a la AFP la internacionalista Elsa Cardozo, también profesora de la UCV.
El 3 de septiembre, una falla eléctrica dejó al 70% del territorio venezolano sin luz durante varias horas y en los últimos meses la inflación y la escasez han recrudecido, lo que es atribuido por el presidente a un «sabotaje» de la oposición a fin de promover protestas sociales, con la complicidad de Estados Unidos. Recientemente, la mayor siderúrgica del país se declaró en huelga en Puerto Ordaz.
Para el politólogo y profesor universitario Nicmer Evans, la «acertada» decisión de Maduro es de carácter preventivo, pues aunque los funcionarios «no estuvieran conspirando, hay algunos precedentes históricos que indican que cualquier movimiento de la embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo pocas veces es para ayudar a los gobiernos».
«Sería ingenuo pensar que la crisis económica del país es una cosa aparte de la situación política. Las torpezas en materia económica del gobierno de Maduro favorecen que los que quieran conspirar vean el caldo de cultivo perfecto para potenciar la conspiración», explicó Evans.
Como ejemplo, Evans puso la mala gestión y la corrupción en la administración de divisas por parte del gobierno, que atrasan y encarecen las importaciones y generan el desabastecimiento. «La oposición ve así su oportunidad para generar caos».
Estados Unidos y Venezuela, que desde 2010 manejan sus relaciones con encargados de negocios, han mantenido tensas relaciones desde el gobierno Chávez (1999-2013), quien confrontó abiertamente a Washington y llegó a amenazar con cancelar la venta de petróleo.
AFP
El 20 de septiembre, Maduro denunció que Estados Unidos, que también es el principal exportador a Venezuela con 12.000 millones de dólares en 2012, no le había autorizado el uso de su espacio aéreo cuando se dirigía a China para una visita oficial la semana pasada.
A su vuelta de esa viaje, canceló su participación en la Asamblea General de la ONU al denunciar supuestos planes para atentar contra su vida mientras estuviera en esa ciudad.
El mandatario también denunció semanas atrás varios planes de magnicidio en su contra, algunos orquestados desde Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de querer matarlo a él «en simultáneo al ataque contra Siria».
«El flujo de divisas más regular que tiene Venezuela en este momento viene de Estados Unidos. Siguen habiendo allí dos registros en las relaciones, por una parte la retórica hostil y por otra el flujo económico continuo de negocios (…) Eso siempre ha sido así, pero Venezuela ahora con esta crisis no está en condiciones de arriesgar un sólo dólar», explicó Cardozo.
Los analistas enmarcan este episodio en las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, que enfrentan a un gobierno muy criticado por su gestión económica y a la oposición, que sigue tratando de convencer a la comunidad internacional de la «ilegitimidad» de la victoria de Maduro en las presidenciales de abril, impugnadas dentro y fuera del país.
Prueba de ello son la críticas que lanzó el pasado viernes el líder Henrique Capriles a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, luego de que el chileno expresara que el organismo continental no debe pronunciarse sobre las elecciones en Venezuela.
«Las posibilidades de éxito de la oposición siguen radicando en los desaciertos de las políticas del gobierno y no en la posibilidad de una formulación de una propuesta de país. La oposición debe pasar página a esta cuestión de la ilegitimidad», afirmó Evans.
