***Los diputados de la Asamblea Nacional hicieron gárgaras durante varios años con una ley de desarme que nadie cumple en el único país del planeta en el que las autoridades necesitan de una ley para desarmar a quienes tienen pistolas, granadas, armas largas y explosivos sin estar autorizados para ello
Saber que se puede ser asaltado en cualquier esquina no es el miedo más intenso. Podemos ser asesinados a cualquier hora en cualquier calle de Venezuela. El malandraje anda suelto. Las mafias de la violencia se cogieron el país y los ataques de pánico se han apoderado de transeúntes, comerciantes, estudiantes y transportistas. Nadie está seguro.
25.000 personas fueron asesinadas el pasado año 2013. Los familiares de la mayoría de esas víctimas arrastran su dolor con el temor de que le ocurra lo mismo a otro ser querido. Los matones siguen en la calle. Nada les pasa. Nadie los detiene. Nadie los busca.
Todos en el barrio saben quiénes son los criminales y a cuantos han matado. En el bloque todos saben quiénes desvalijan los carros. En la urbanización todos conocen dónde vive el traficante. Los policías saben quiénes alquilan las armas y venden las municiones. El gobierno también lo sabe. Hasta nos han relatado en sus larguísimas cadenas que mantienen relaciones con más de 600 bandas, con sus “buenandros”, como de pana los llaman. El gobierno sabe dónde están, saben quiénes son. La matazón sigue y nada pasa.
Guardias Nacionales conocen de la jefatura que desde las cárceles ejercen los que planifican operaciones diversas como asaltos, tráfico de drogas, secuestros y contratación de sicarios para sus asesinatos. Es larga la lista de jueces cuyas decisiones son ordenadas por esos pranes, quienes cobran caro cualquier desobediencia. El más desprevenido visitante puede dar fe de las armas largas que portan los presos en las narices de sus custodios y del público comercio de estupefacientes en esos locales.
El “robo” de fusiles, ametralladoras, pistolas y municiones en los propios cuarteles es noticia frecuente. El malandraje viste de verde oliva. Desde allí también se surte el mercado negro de armamento, que es el combustible de la industria del crimen en Venezuela. A nadie descubren. A nadie agarran. Nada pasa.
Los diputados de la Asamblea Nacional hicieron gárgaras durante varios años con una ley de desarme que nadie cumple en el único país del planeta en el que las autoridades necesitan de una ley para desarmar a quienes tienen pistolas, granadas, armas largas y explosivos sin estar autorizados para ello. Insólito. Lo que falta es una ley que autorice a las policías a perseguir asesinos, traficantes de drogas, violadores y ladrones. A lo mejor eso es lo que estos estrictos cumplidores de la ley reclaman y no nos habíamos dado cuenta.
¡Y pensar que tanto ingenuo estaba esperando un gobierno de los militares para acabar con la delincuencia!
La impunidad anda suelta
El malandraje también tiene una agenda política. La cumplieron obedientemente durante las protestas estudiantiles que explotaron el pasado febrero y que dejaron un doloroso saldo de muertos, heridos y torturados por los esbirros del gobierno. Esos delincuentes actuaron a sus anchas y andan sueltos.
Geraldine Moreno, estudiante universitaria de Carabobo, murió como consecuencia de disparos que a quemarropa le hicieran en el rostro unos guardias nacionales que fueron imputados y acusados por el Ministerio Público de homicidio calificado y uso indebido de armas. Para nada. La Juez Yoibeth Escalona, del Tribunal 6° de Control de Carabobo, aprobó beneficio procesal a los acusados, quienes se presentan cada siete días y andan libres.
Cinco funcionarios del SEBIN fueron acusados de homicidio calificado con alevosía a propósito del asesinato de Bassil Da Costa el 12 de febrero. Nelson Moncada, Juez 48 de Control de Caracas, les otorgó beneficio procesal y andan sueltos. Sólo tienen que presentarse cada ocho días ante su benefactor.
Adriana Urquiola, periodista de Venevisión, fue asesinada el 23 de marzo. El acusado del crimen es Jonny Bolívar, quien huyó del país. En allanamiento a su residencia se consiguieron tres pistolas. Antes había cometido un secuestro y fue condenado a 23 años. Estaba recluido en Uribana y un juez le otorgó un beneficio aunque ese delito de secuestro no es susceptible de beneficios procesales. También anda en libertad, como si nada.
Daniel Tinoco, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad del Táchira, fue asesinado por irregulares armados acompañados de funcionarios del SEBIN en Barrio Obrero, San Cristóbal, el pasado 10 de marzo, hace cuatro meses. El Ministerio Público aún no ha presentado los actos conclusivos de la investigación penal.
Génesis Carmona, estudiante universitaria y Miss Turismo Carabobo 2013, fue asesinada el 18 de febrero por grupos armados identificados con franelas del PSUV en la Avenida Cedeño de Valencia. El Ministerio Público no ha presentado los actos conclusivos y no se conoce de investigación alguna a cargo de ese organismo.
Juan Manuel Carrasco fue violado por un fusil de un guardia nacional en el Destacamento de Seguridad Urbana en Tocuyito, Estado Carabobo, según testimonio dado por el joven y ratificado en conversación privada con el luchador por los derechos humanos Rafael Narváez. No hay responsables investigados.
Marvinia Jiménez fue torturada por una guardia nacional, caso que está ampliamente documentado. Esa funcionaria tiene orden de captura. Nadie la busca. Nadie la encuentra y, por supuesto, no la han llevado ante Fiscalía.
Anyelly Pernía, estudiante de la Universidad Católica del Táchira, fue torturada por la Policía Regional del Táchira y esposada en la cama del Hospital de San Cristóbal. Los responsables no han sido investigados y la joven está bajo presentación de un Tribunal de Control cada quince días, al igual que casi 2000 manifestantes que tienen libertad condicionada sin haber cometido delito alguno.
Los asesinos sueltos y los estudiantes controlados por los tribunales con medidas cautelares que restringen sus derechos. El mundo al revés.
La voz de Claudio
Claudio Fermín
Twitter: @claudioefermin
