Así lo afirma el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
«Ante la responsabilidad de seleccionar las personas que renovarán parte de los poderes públicos, de la Asamblea Nacional depende en buena medida la paz de Venezuela en 2015, es necesario que las nuevas personas que serán designadas en los cargos de Fiscal General, Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor General y Rectores del Consejo Nacional Electoral, sean realmente independientes y ejerzan sus funciones con estricto apego a los artículos 254, 256, 273, 280, 284, 287, 292, 293 y 294 de la Constitución Nacional».
Así lo señala una declaración del Programa Venezolano de Educación-Acción den Derechos Humanos (Provea), donde se in dica que «es vital para la democracia venezolana que se garantice la autonomía de los poderes tal como lo consagra nuestra Carta Magna. «Desafortunadamente no hemos contado hasta ahora con poderes públicos que garanticen, por un lado, el permanente y necesario diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los diversos actores sociales en medio de la alta polarización y los niveles de conflictividad existentes».
Señala Provea que «tres ejemplos de ello lo constituyen las actuaciones de los principales organismos encargados de hacer cumplir las leyes y garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos en nuestro país: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia».
-En el caso de la Defensoría del Pueblo, la propia Defensora Gabriela del Mar Ramírez, acompañó al Ejecutivo Nacional en su campaña de ataques y criminalización contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y lo ha acompañado en los ataques a las organizaciones de derechos. Su actuación ha sido fundamentalmente la defensa del Estado más que los derechos del pueblo.
Por su parte la Fiscalía General de la República se ha convertido en el principal instrumento de criminalización de la protesta social en Venezuela. Desde 2005 el Ministerio Público venezolano ha imputado a más de 5.800 personas por haber ejercido su derecho a la manifestación pacífica o participar en huelgas y conflictos laborales, señalan.
En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo señaló Provea en su Informe Anual 2013, las decisiones que no se apegan a la Constitución y favorecen las posiciones gubernamentales, han sido una constante. La lamentable ausencia de independencia en el seno del máximo Tribunal del país, hacen que éste actúe de espaldas al pueblo, poniendo los intereses del gobierno por encima de los derechos ciudadanos. Igualmente, la ausencia de respuestas oportunas ante las solicitudes y reclamos es un drama que padecen a diario miles de venezolanos debido a la ineficiencia del Poder Judicial venezolano para responder a las peticiones ciudadanas.
NP
