El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuestionó que Venezuela achaque la mayoría de los problemas internos del país a la «guerra económica» a la que supuestamente está sometida.
Venezuela se sometió hoy y ayer martes al escrutinio del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un ejercicio regular que hacen los países miembros de Naciones Unidas que han ratificado la Convención sobre dichos derechos.
«Cuando hay progresos, éstos se deben a la Revolución, pero cuando hay problemas ustedes los achacan al concepto de ‘guerra económica'», dijo en la sesión de hoy Rodrigo Uprimny, uno de los miembros del Comité.
Otro de los expertos, Mohammed Ezzeldin Abdel-Moneim, pidió esclarecimiento sobre a qué se refiere exactamente el concepto de «guerra económica» y ejemplos concretos.
Similar postura mantuvo la experta Shiqiu Chen, quien preguntó específicamente quién lleva a cabo dicha «guerra económica» y contra quién.
El jefe de la delegación venezolana, el vicepresidente y ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, fue quien respondió a los expertos, pero antes les pidió «ser respetuosos», «no hacer juicio de valores» y «no banalizar la guerra económica».
Acto seguido dijo que la «guerra económica» se concreta en las manipulaciones que se hacen en los mercados internacionales para que baje el precio del crudo, para desestabilizar la moneda nacional, y para elevar el «riesgo país» de Venezuela.
El vicepresidente no señaló específicamente a ninguna persona, nación o institución, pero pidió encarecidamente «no negar el cerco económico» al que está sometido su país.
Aclarado, a su entender, este aspecto, Menéndez enfatizó que a pesar de esta situación, su país no ha disminuido la inversión social.
«A pesar de que los ingresos por el petróleo han caído un 60 por ciento, hemos logrado mantener los niveles de gasto social», dijo.
Durante los dos días, los miembros del Comité intentaron, casi siempre en vano, obtener respuestas concretas a sus preguntas, dado que si bien la nutrida delegación venezolana aportó mucha información, ésta no respondía a lo preguntado.
Chen recordó, por ejemplo, que no se había respondido a la cuestión sobre las alegaciones de que 130 hospitales del país no contaban con los medicamentos y el equipamiento quirúrgico necesario.
Con respecto a este tema, Asia Villegas, viceministra de Salud de Venezuela dijo que «uno de nuestros desafíos es la dotación de medicamentos. Esto se debe a las políticas que hacen partidos políticos que han apostado por la desestabilización del país«.
Villegas agregó que el gobierno hace todo lo necesario para «controlar e identificar las fallas del sistema» y que esto lo hacen «mano a mano del sector privado».
Asimismo, la ministra recordó que los precios controlados de los medicamentos «para evitar la especulación» provoca que haya quien los usa para «contrabandearlos a otros países».
Con respecto al derecho a la alimentación, otro de los temas más destacados durante el diálogo, el experto Olivier De Shutter señaló «la discrepancia» que a su entender existía en el hecho de que el Gobierno diga apoyar a los campesinos y afirme haber realizado una reforma agraria, «y que Venezuela importe entre el 65 y el 70 por ciento de todos los alimentos que consume«.
Varios relatores preguntaron a la delegación sobre los planes de introducir en los currículums escolares la enseñanza de los «valores socialistas» y plantearon la posibilidad de que esto no sea compatible con la libertad educativa.
Asimismo, se destacó en reiteradas ocasiones los altos índices de embarazos adolescentes y mortalidad materna, y se criticó el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sólo pueda aplicarse cuando está en riesgo la vida de la gestante, pero no en casos de violación o de malformación del feto.
Finalmente, Zdzislaw Kedzia, cuestionó la independencia de jueces y fiscales, dado que la gran mayoría de los magistrados y procuradores no cuenta con una plaza fija ganada en oposición, y puso en duda su capacidad de luchar contra la corrupción pública.
Ante esta crítica, Menéndez dijo que en los últimos años se han inhabilitado 920 cargos públicos. «En la concepción bolivariana la lucha contra la corrupción es una doctrina, no una consigna», concluyó. EFE
