El director de la sección de alimentos de Polar, Manuel Larrazábal, informó hoy de que la empresa pidió al Gobierno reconsiderar la expropiación de las instalaciones en Caracas desde las cuales son distribuidos alimentos a 19 municipios, incluyendo toda la capital y dos estados vecinos.
«¿Quedarían estos 19 municipios sin alimentos? La verdad es que tendríamos que evaluar otras opciones que no son fáciles, pero nosotros estamos absolutamente confiados en que va a privar la sensatez, y por eso pedimos que se reconsidere la medida», dijo Larrazábal a Efe.
El vocero de Polar, la mayor empresa privada de alimentos del país, narró que el miércoles por la noche fue recibida la notificación de un tribunal para el desalojo inmediato de estas instalaciones que cubren unos 70.000 metros cuadrados, con el fin de destinar el terreno a la construcción de viviendas.
Larrazábal explicó que tras conversaciones con representantes del Gobierno venezolano se dio el plazo de 60 días para el desalojo, aunque adelantó que la empresa no se ha ocupado de buscar nuevos espacios porque confía en que «privará la sensatez» en los organismos del Estado y se reconsiderará la medida.
Recordó que estas instalaciones, ubicadas en una zona industrial del oeste de la capital, representan el «único centro de distribución» tanto de Alimentos Polar como de Pepsi Cola Venezuela «que abastece a 19 municipios de la Gran Caracas, del estado Vargas, del estado Mirand y zonas aledañas«.
En esos espacios, además, funcionan los centros de distribución de otras grandes empresas de alimentos como Nestlé Venezuela, Cargill de Venezuela y Cola Cola.
El directivo resaltó que en lo que respecta a Alimentos Polar y Pepsi Cola, son distribuidos mensualmente desde esas instalaciones 12 millones de kilos de alimentos incluyendo harina de maíz, arroz, pasta, margarina, avena y salsas, y 6 millones de litros de bebidas como agua, refrescos y jugos.
Serían, dice Larrazábal, más de 9.900 comercios que son clientes de esta red de distribución que se verían privados de estos productos.
«Además, en esas instalaciones laboran más de 600 trabajadores directos y adicionalmente se generan alrededor de 1.400 empleos indirectos, fundamentalmente de las empresas que nos prestan el servicio de transporte para llevar el producto a los clientes», señala y asegura que estos empleados disfrutan de «excelentes beneficios».
Para Larrazábal, la discusión «de fondo» debe centrarse en «¿por qué expropiar sitios de trabajo que están activos y productivos?» mientras existen otros terrenos baldíos donde se pueden construir casas en el marco del programa social del Estado Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y que acarrean «menos costo país».
«La reflexión es que los planes de construcción de viviendas no deberían contemplar el desalojo de zonas industriales que generan empleo y abastecen de los productos a los ciudadanos», agregó.
También comentó que, si bien es cierto que hace unos tres años el Gobierno emitió una medida de «afectación» de estos terrenos para que fueran usados con fines residenciales, la falta de su aplicación demuestra que «privó la razón» pues «nunca se ejecutó».
«Lo cierto es que en el presente caso, el uso adecuado del inmueble es el industrial, es una zona industrial desde hace décadas, por demás, totalmente activa», reiteró.
Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial sobre un asunto que, según dijo hoy la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), puede tener «implicaciones» en el abastecimiento y la «soberanía alimentaria». EFE
