Los concejales Dulce María Silva, Humberto de Arco, conocido como Tony Reggue, y Héctor Velásquez, denunciaron que sus compañeros modificaron los recursos de la policía local, hábitat y obras, para abultar los ingresos del Concejo Municipal, que estaban estimados en 34 millones y los subieron a 68 millones
Los concejales Dulce María Silva, Humberto de Arco, conocido como Tony Reggue, y Héctor Velásquez, en una rueda de prensa realizada la mañana de ayer, rechazaron la presunta decisión arbitraria de sus colegas de hacer modificaciones presupuestarias a las partidas de vivienda, de la Policía Municipal de Charallave y obras del presupuesto 2016 del municipio Cristóbal Rojas, sin consultar con ellos, ni con el alcalde, Humberto Marte.
Los ediles, todos pertenecientes al Gran Polo Patriótico, indicaron que en una sesión “casi secreta”, al final de la tarde del lunes, sus homólogos aprobaron la ordenanza presupuesta por el orden de 1 millardo 20 mil bolívares. Cabe destacar, que en dicha reunión no estuvieron el legislador opositor, Félix Alayón (PJ) ni Humberto de Arco (GPP), este último por tener una suspensión hasta el 15 de enero, pero estaba su suplente Edgar Ruiz, quien presuntamente está aliado con el presidente de la cámara municipal, Alcides Acosta y además del cargo como concejal, todavía funge como administrador de esa dependencia, según denunciaron Silva, De Arco y Velásquez.
“Condenamos de manera contundente este acto violatorio de la normativa legal respecto a la pretensión del resto de los concejales de querer hacer un presupuesto distinto al presentado por nuestro alcalde”, expresaron.
Silva, quien es vicepresidenta del ente legislativo, indicó que sus compañeros tienen una actitud contrarrevolucionaria y ve con preocupación las modificaciones realizadas, por lo que les hizo un llamado a la rectificación.
“No fui convocada a la sesión, pero igual asistí, allí se aprobó el monto total, que fue enviado por el alcalde y las disposiciones generales, pero luego nos dimos cuenta que habían cambios considerables en la distribución de partidas de viviendas, para la policía y obras, lo que no es legal”, destacó la concejala Silva.
Velásquez fue enfático al decir que el Concejo no hace modificaciones presupuestarias, pues solo está autorizado por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal a aprobar o desaprobar el presupuesto. Resaltó que los cambios fueron para aumentar los ingresos de la cámara municipal, que el primer mandatario local, había fijado en 34 millones y por el ajuste que ellos le hicieron quedó en 68 millones. “Los salarios de este ente están por encima del tabulador, como es posible que le hayan quitado recursos a la policía municipal, exigen seguridad y no les dan los aportes que necesitan”, recalcó.
Por su parte, De Arco aseveró que sus compañeros Alcides Acosta, Joan Ávila, Carlos Martínez, Luis Sifontes y José Hurtado en “conchupancia” con el edil de Primero Justicia, realizaron una alianza en vísperas de la discusión presupuestaria para idear un plan para sancionarlo, con la finalidad de reducir el número de legisladores que apoyan al alcalde Marte.
“El plan era reconducir el presupuestario o aprobarlo a su conveniencia, para eso me sacaron y colocaron a mi suplente, quien es casi familiar del presidente del Concejo. El llamado es a la militancia revolucionaria a que esté alerta contra estos atropellos al desarrollo y bienestar del municipio”, acotó.
Las modificaciones…
La partida de la policía municipal estaba estimada por el alcalde, en más de 200 millones y con el cambio que le hicieron los ediles quedó en 188 millones.
Para hábitat y vivienda estaban destinado casi 17 millones y quedó en 13 millones Bs., y para obras le quitaron un millón, quedando en 173 millones.
MIP-TUY / Milagro Castillo
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