Funcionarios rechazan esta medida porque argumentan que dejan a padres y madres de familia fuera de la actividad laboral en plena emergencia económica que vive el país
“El Contralor del municipio Zamora, en el estado Miranda, Oscar Pino, ha venido generando desde hace varios meses un clima de tenso ambiente laboral e incumpliendo con el pago del aumento de sueldos y de cesta ticket que decreto el Gobierno del presidente Maduro, y ahora ha procedido a despedir a trabajadores asumiendo una actitud totalitaria e injusta, amparándose en la autonomía orgánica, funcional y administrativa que le otorga la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la de la Contraloría General de la República”.
Así lo denuncian un grupo de trabajadores afectados y que aún guardan vínculo laboral con este organismo, agregando que otros ex compañeros prácticamente fueron obligados o presionados a renunciar a sus puestos de trabajo encontrándose indefensos por una Resolución que los convirtió en el año 2015 en funcionarios de libre nombramiento y remoción.
“No hemos cometido ninguna falta ni indisciplina laboral que de motivos a que el contralor este asumiendo estas determinaciones o para que sustente técnicamente y con justicia alguna la remoción, sólo se ampara y con prepotencia que es la autoridad y que la estabilidad laboral de nosotros depende sólo de él”.
“Esta autoridad que le da ínfulas de reyezuelo dentro de este organismo contralor en el municipio Zamora, termina convirtiéndose en prepotencia e injusticia laboral, en contra de padres y madres de familia que tienen responsabilidades económicas que cumplir, como alimentación y educación de hijos y en algunos casos mantener a personas mayores o enfermas”.
“La decisión arbitraria está lejos del espíritu y principio constitucional que todo venezolano tiene derecho a un trabajo y a un ingreso, e incluso es poco humano proceder de esta manera cuando el país se encuentra en una emergencia económica, como así lo ha establecido el propio Gobierno nacional, y donde debido a esta crisis son menos los puestos de trabajo que se encuentran en el mercado laboral”.
Destacan los denunciantes, que incluso ante esta situación que vive el país, “se puede tratar de un hecho que puede ser considerado de lesa humanidad al dejar a padres y madres de familia sin trabajo de manera injustificada, y quienes ahora quedan en la incertidumbre producto de la prepotencia de un funcionario que ha venido presionando con su llamada autoridad a trabajadores y trabajadoras para que se sometan a sus caprichos, por lo que algunos y algunas debido a su condición de inestabilidad y por miedo han aceptado”.
“Hacemos un llamado de atención a la Contraloría General de la República, así como a otros organismos jurisdiccionales, para que de alguna manera amparen a los trabajadores que están bajo el régimen de un funcionario que se cree dueños de la estabilidad laboral de un trabajador, lo cual es indignante y reprochable, así como que ejerza acciones que determinen la veracidad o no de esta denuncia pública,”, señalaron los trabajadores denunciantes.
Martín Lobatón M.
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