El astro argentino del FC Barcelona Lionel Messi y su padre Jorge fueron condenados este miércoles a 21 meses de cárcel por un millonario fraude fiscal en España, aunque difícilmente ingresarán en prisión al ser penas inferiores a dos años.
Juzgados hace un mes en Barcelona, el tribunal los declaró culpables de haber defraudado 4,16 millones de euros al fisco español ingresando los derechos de imagen del futbolista a través de un entramado societario entre 2007 y 2009.
Además, el tribunal impone una multa de 2,1 millones de euros para Messi y de 1,6 millones para su padre, un total de 3,7 millones (4,09 millones de dólares).
Previsiblemente ambos podrán eludir el ingreso en prisión pues en España las penas inferiores a dos años no se suelen ejecutar si los condenados no tienen antecedentes.
La sentencia todavía puede ser recurrida por las partes.
El cinco veces ganador del Balón de Oro intentó desvincularse en el juicio de la trama organizada por su padre y sus asesores fiscales.
Messi, de 29 años, aseguró que él se dedicaba a jugar al fútbol, ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero y qué eran los contratos que firmaba.
«Actuado con dolo»
El argumento convenció a la fiscal –que retiró la acusación contra Messi– pero no al tribunal. Este entiende que Messi prefirió mantenerse al margen a pesar de que existía una «sospecha justificada» de las maniobras ilícitas.
«Cuando se aprecia una indiferencia tan grave como la que nos ocupa, ya que, a pesar de todas las circunstancias y oportunidades que tuvo el jugador de conocer cómo se gestionaban sus derechos, no lo hizo, no cabe sino considerar que se ha actuado con dolo», afirma.
«El acusado decidió (…) permanecer en la ignorancia a lo largo del tiempo», insiste el tribunal, subrayando que con una absolución de Messi «se dirige a la ciudadanía el mensaje de que es preferible inhibirse a preocuparse».
Tampoco perdona al padre, que había intentado culpar a sus asesores fiscales. «Sin su intervención no se habría cometido el delito, cooperando de forma directa, decisiva y necesaria», señala el tribunal.
Messi, considerado uno de los cuatro deportistas mejor pagados del mundo por la revista Forbes, estaba siendo investigado desde 2013, cuando una fiscal de Barcelona se querelló contra él y su padre.
Los acusaba de haber montado una red de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.
Durante estos años, Messi, ya con un futuro prometedor, firmó millonarios contratos con Adidas, Konami, Pepsi o Danone pero nunca a título personal, sino a nombre de las sociedades que conformaban esta trama.
El dinero circulaba por Suiza y Reino Unido con destino final a la sociedad uruguaya Jenbril, de la que era accionista único.
Estas maniobras, según el tribunal, «no tenían más finalidad que la de ocultar a la hacienda pública los ingresos generados».
Dadas las elevadas cantidades del fraude, los Messi podrían haber sido condenados a hasta 6 años de prisión pero el tribunal redujo la pena atendiendo a que el futbolista saldó su deuda con el fisco y los intereses por el retraso, en total unos 5 millones.
Mascherano, Alves o Xabi Alonso
Tras conocerse el veredicto, el FC Barcelona emitió un comunicado expresando «todo su apoyo a Leo Messi y su padre» en el que puso en entredicho la decisión del tribunal. Messi «no tiene ningún tipo de responsabilidad penal», afirmó.
No se trata del primer jugador azulgrana condenado. En diciembre de 2015, su compatriota Javier Mascherano admitió un fraude de 1,5 millones de euros también relacionado con sus derechos de imagen y fue condenado a un año de prisión que no se ejecutó.
La justicia española parece haber fijado su atención en el mundo del fútbol: además de Messi y Mascherano, el brasileño Adriano Correia (FCB) y el español Xabi Alonso (ex del Real Madrid) están siendo investigados por fraude.
También Dani Alves, recién traspasado del Barcelona a la Juventus, apareció en una lista de defraudadores por una deuda de 1,3 millones publicada por la hacienda española para frenar los delitos fiscales.
