La propuesta del Revocatorio, en esta primera etapa, ha resultado un verdadero y grotesco carnaval de mentiras, un fraude, que lo que, realmente, ha generado en las filas opositoras es desconcierto y más frustración
Hay un viejo dicho popular que sostiene que la mentira tiene patas cortas y, lamentablemente, la política venezolana, en especial la de reciente data, está preñada de notorias actuaciones que ilustran tal imagen metafórica.
Y decimos lamentablemente porque el sitial que debe tener la política en la sociedad, concibiéndola como la actividad más excelsa a la que puede dedicar su vida el ser humano, en tanto que compromiso con el bien común, se disminuye cuando se utiliza para pretender los objetivos a costa de la verdad, de la ética, recurriendo al desnaturalizado dictado de que el “fin justifica los medios”; por supuesto, en estos casos se degrada la política con P mayúscula a la condición de politiquería, que es lo que sentencia el sentido común popular cuando afirma que “la política es sucia”.
Encarnizado propulsor
Traemos a colación esta reflexión motivada en la actuación de la mentada MUD con relación a su solicitud ante el CNE de la activación del artículo 72 constitucional, referida al Referéndum Revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
Iniciativa referendaria de la que resalta de cuajo que es Henrique Capriles su más encarnizado propulsor, pues los otros factores opositores, oportunistamente, se han desplazado por varias propuestas a cual más disparatada o desestabilizadora (enmienda de la Constitución, renuncia presidencial, incluso crisis humanitaria y hasta fomento de la intervención extranjera) que al no ser compatibles con la arquitectura constitucional ni con la realidad política, han rodado, sin más, por la cuesta abajo de la inoperancia.
Claro está, no es que Capriles no haya participado de tales disparates, también esa es su naturaleza, sino que, sin dudas, ha sido, entre los opositores, quien más ha impulsado el Revocatorio, él y su partido Primero Justicia, de manera que es al factor “justiciero” a quien hay que atribuirle, en primer término, las bondades, si es que las tuviese, así como los desaciertos de la acción referendaria opositora.
Formulación a destiempo
Pero, a ojos vistos, no son precisamente bondades lo que recubren tal propuesta. Todo lo contrario, tanto en su formulación a destiempo, como en su organización y presentación ante el CNE. La propuesta del Revocatorio, en esta primera etapa, ha resultado un verdadero y grotesco carnaval de mentiras, un fraude, que lo que, realmente, ha generado en las filas opositoras es desconcierto y más frustración; y expresión de ello es la merma progresiva en la asistencia en las acciones de presión, siendo más que elocuente lo acontecido el 1º de septiembre, cuando la llamada Toma de Caracas, en la que la concurrencia estuvo muy por debajo de lo aspirado y que impidió que se llevara efecto el plan golpista previsto; y, más aún, en la pobre asistencia de la reciente marcha del 16 de septiembre, que hizo declarar a la dirigencia opositora que lo importante no era la cantidad de participantes sino la calidad del planteamiento político. Otra vez, a referencia el axioma jurídico “a confesión de parte, relevo de la prueba”.
Como es público, fue formulada en abril y no a principios de enero, cuando se cumplía la mitad del período de Maduro, que era lo conducente para que la solicitud se correspondiera con la aspiración opositora de que el Referéndum se llevara a cabo este año y, así, si los resultados les eran satisfactorios, podrían revocarle el mandato y con ello, como lo pauta la Constitución, habría que convocar, inmediatamente, a nuevas elecciones presidenciales.
Y esto lo sabían Capriles y el equipo que lo asesora, que había que cumplir con un cronograma electoral, conocido por todos los actores políticos, pero dejaron pasar el valioso tiempo, inmersos en el dislate entre las contradicciones internas opositoras sumadas a las indicaciones emanadas desde Washington y en el cual prevalecía el desatino de que lo prioritario era salir de Maduro a como diera lugar, confiados en que la mediática compulsiva y la guerra económica desatada contra el pueblo era caldo de cultivo suficiente para cualquier emprendimiento desestabilizador. Con esa mera formulación a destiempo de la solicitud, ya se hizo presente el germen fraudulento.
Manidas prácticas
Origen fraudulento que se acentúa con la forma como organizaron la recolección de firmas necesarias para la solicitud de apertura del proceso referendario, evidentemente, cargada de vicios que se suponían superados en las prácticas electorales del país y cuya responsabilidad manifiesta la asumió Capriles, resultando ser un torneo de irregularidades que no tuvo nada que envidiarle a las manidas prácticas fraudulentas electorales del período cuarto republicano.
Tanto fue así que pusieron a firmar a más de 10 mil ciudadanos muertos e incorporar a más de 3 mil privados de libertad que, obviamente, no pudieron rubricar esas firmas, pero que, sin embargo, la magia fraudulenta hizo posible que aparecieran en el lote consignadas ante el CNE; que, por cierto, comenzó Capriles declarando, que habían recogido alrededor de tres millones de firmas para luego terminar siendo un poco más de 300 mil las que realmente reunían los requisitos para validar la solicitud de apertura del proceso referendario.
Mentiras y más mentiras, fraude y más fraude, que ha sido la constante en la vida y en el accionar político de Capriles y que lo ha conllevado al despilfarro del capital político que había acumulado hasta el 15 de abril de 2013; por eso la validez del dictamen popular con el que iniciamos el presente escrito: “la mentira tiene patas cortas”.
La guinda
Y si algo faltaba, la guinda, para rebosar el cuadro fraudulento de esta primera etapa del planteamiento referendario, fue la designación de Juan Carlos Caldera como representante o velador ante el ente rector electoral de las firmas consignadas, una persona que el mismo Capriles expulsó de Primera Justicia, durante la campaña electoral del 2013, por estar incurso en un sonoro acto flagrante de corrupción.
NOTAS PARALELAS / Miguel Ugas
