Los fiscales españoles pidieron 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente regional catalán Artur Mas por organizar una votación sobre la secesión de Cataluña a pesar de una orden de suspensión del Tribunal Constitucional.
La fiscalía también pidió nueve años de inhabilitación para otros dos ex funcionarias regionales que están siendo juzgados junto con Mas por desobediencia y prevaricación al organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.
Las otras dos funcionarias acusadas son la entonces vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de enseñanza Irene Rigau.
Mas, presidente de la región del noreste de 2010 a 2016, alega que la consulta fue organizada por voluntarios.
En la actualidad lidera el Partido Demócrata Catalán, que forma parte de un gobierno regional de coalición. La consulta se realizó cuando el gobierno español cuestionó la legalidad de un referendo independentista en regla. AP
