El documento debe ser consignado para que adquiera vigencia legal y pueda ser aplicado
Los gremios docentes signatarios ante la gobernación del estado Miranda denuncian trabas para entregar en la Inspectoría del Trabajo el contrato colectivo que los ampara desde el pasado19 de diciembre del 2016.
Ramón Francia, presidente de la seccional Tuy-Guaicaipuro de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) e integrante del comando inter sindical que agrupa a Sitraenseñanza, Suma Miranda, Sutem y Sitrem, refirió que les están exigiendo una serie de requisitos “contemplados en un supuesto reglamento”.
Francia recordó que los contratos colectivos de todas las organizaciones gremiales deben ser consignados en la Inspectoría del Trabajo de cada entidad para adquirir su vigencia y posterior aplicación.
“Así lo hicimos, pero ahora nos salen con que debemos entregar las copias certificadas por la misma Inspectoría, de la documentación que acredita a cada gremio, y las actas de las asambleas de base de los afiliados, con firmas que avalen las cláusulas planteadas, sin tomar en cuenta que el contrato se aprobó en asamblea de afiliados el 16 de diciembre del 2016, cuando comenzó el periodo de vacaciones”, indicó.
Otro aspecto que llama la atención de los dirigentes sindicales es el cambio de la sede de la inspectoría para consignar el contrato, lo cual venían realizando en la oficina ubicada en el este de Caracas y ahora, a partir de enero, hay que tramitarlo en Los Teques.
“Lo más grave de esta tropelía contra el gremio docente es que en ninguna entidad regional del país donde se firmó el contrato con las Gobernaciones, se exigieron los requisitos que nos asomaron los funcionarios del Ministerio del Trabajo Miranda, para depositar el contrato”, destacó.
Francia añadió que “sospechosamente todos estos requisitos y retrasos se dan en el marco de reuniones que se vienen realizando en la Inspectoría del Trabajo de Los Teques con una fulana “Asociación de Jubilados” cuyos directivos son funcionarios del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM), y abiertamente, políticos oficialistas que se han dado a la tarea de descalificar y deslegitimar la convención colectiva de los educadores mirandinos.
MIP-TUY / Rafael González
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