La ley reclamada por años en las calles en multitudinarias manifestaciones de estudiantes, debe ser votada a nivel general en el pleno de la Cámara de Diputados
El proyecto para establecer la gratuidad universal en la educación superior enfrentaba este lunes una crucial votación en el Congreso, que podría dejar caer una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de la socialista Michelle Bachelet.
La ley, que establece la gratuidad a nivel universitario -reclamada por años en las calles en multitudinarias manifestaciones de estudiantes-, debe ser votada a nivel general en el pleno de la Cámara de Diputados.
Si se rechaza la iniciativa -que ya fue impugnada por la Comisión de Educación-, el proyecto se cae definitivamente, debiendo el gobierno esperar un año para volver a plantear un nuevo proyecto de ley.
En este escenario, en marzo de 2018, Bachelet, actualmente en su último año de gobierno, dejaría el poder sin ver aprobada una de sus iniciativas más emblemáticas.
«Es hora de pensar en las familias. Es el momento de pensar en los estudiantes y la oportunidad que tenemos para consolidar la gratuidad», urgió Bachelet a los parlamentarios tras llamarlos a apoyar la en general la iniciativa.
El proyecto «después se va a mejorando en el camino», agregó la mandataria.
Reforma que no
reforma nada…
Los estudiantes, que exigen desde años educación pública, gratuita y de calidad, han llamado a rechazar el proyecto de ley, que establece la gratuidad universitaria para los sectores más pobres y la va ampliando condicionada al crecimiento económico del país.
«Tenemos una reforma que no reforma nada, que no hace cambios a la educación chilena, (…) porque no entrega una verdadera gratuidad universal», criticó este lunes la dirigente estudiantil Sandra Beltrami.
La discusión tiene lugar en uno de los países con uno de los aranceles universitarios más altos del mundo y en el que no existía la posibilidad de estudiar gratis a nivel universitario.
Desde 2016, y como una forma de adelantar la entrega del beneficio a los estudiantes más pobres, Bachelet estableció la gratuidad a través de la Ley de Presupuesto de la Nación.
Este año volvió a repetir la fórmula, beneficiando a cerca de 200.000 estudiantes (cerca del 15% del total de la matrícula), pero necesita la ley para hacer permanente la legislación.
Los estudiantes exigen una completa reforma al sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y temen que un próximo gobierno del derechista Sebastián Piñera -favorito en los sondeos para las elecciones de noviembre- le ponga freno.
Piñera, en cuyo primer gobierno (2010-2014) renacieron las protestas estudiantiles, ya ha dicho que no es partidario de la gratuidad universal, sino de establecer un sistema mixto de becas y créditos.
El Partido Comunista, aliado del gobierno de Bachelet y cuyo voto de sus parlamentarios es clave en el avance de la iniciativa, ya anunció que no dejaría caer la ley.
«Nosotros no vamos a ser quienes hagan que la reforma se caiga», anunció este lunes la diputada Camila Vallejo, emblemática dirigente estudiantil de las protestas de 2011.
AFP
