Los trabajadores mirandinos tomaron el distribuidor La Peñita en Charallave, la mañana de ayer
Trabajadores de la Gobernación del estado Miranda salieron a la calle este jueves para exigirle al Gobierno nacional que asigne los recursos que requiere el Ejecutivo mirandino para ajustar los salarios y el bono de alimentación de su personal.
Los empleados, principalmente docentes, se concentraron a la altura del distribuidor La Peñita en Charallave y, de manera intermitente, cerraron la vía por espacio de 5 minutos, durante toda la mañana.
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) siguieron de cerca las acciones de los manifestantes, sin presentarse ningún inconveniente durante la protesta.
Ramón Francia, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), señaló que el jueves 27 de abril ingresaron a las arcas de la Gobernación sólo 6 mil millones de bolívares, de los 22 mil millones que se requieren para honrar los compromisos laborales.
“Es obligación constitucional del Gobierno nacional aprobar los recursos que necesitan las Gobernaciones para pagarle a sus trabajadores, sin embargo, estamos siendo discriminados”, indicó.
Francia informó que con el dinero que llegó el 27 de abril se ajustará el salario mínimo a partir del 10 de mayo, así como el tabulador de sueldos (20% adicional para los educadores), según se decidió por consenso con representantes de todos los sindicatos que agrupan a los trabajadores estadales, pero sin retroactivo, mientras que el cesta ticket se continuará pagando a Bs. 63.720.
Dijo además que con el incremento de salario que entró en vigencia el 1 de mayo, el Ejecutivo regional necesitaría al menos 17 mil millones de bolívares más, para cumplir con el pago de su masa laboral.
“La deuda que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la Gobernación de Miranda es millonaria. No es posible que percibamos sueldos de hambre, cuando la inflación va galopando y lo que ganamos nos alcanza para medio comer”, indicó Francia.
Por último, indicó que seguirán en la calle hasta que el Ejecutivo nacional transfiera los recursos para que el personal administrativo, docente y obrero del Gobierno regional perciba los beneficios que les corresponden.
