Vecinos de la comunidad La Mata del municipio Cristóbal Rojas protestaron desde las 3:30 de la madrugada de ayer, tras la detención de Ana Joeni Díaz Carranza (54), residente de este sector.
Los manifestantes obstaculizaron la autopista Charallave-Ocumare, a la altura de la entrada a Matalinda, la carretera vieja, adyacente al colegio Arandú, así como en el sector La Virginia de Santa Bárbara, entre otros.
Arelis y Soyara Díaz, hermana de la arrestada, contaron el pasado jueves 5 de octubre, a las 2 de la tarde, una comisión del Eje contra Homicidios del Cicpc se presentó a la casa de su pariente y se la llevó esposada, “no sin antes apoderarse de la comida del Clap y sus enseres”.
Refirieron que el 22 de septiembre también pusieron tras las rejas a su hermana, pero la soltaron porque no le encontraron ningún tipo de evidencia. “Sin embargo, en esta oportunidad, según los funcionarios del Cicpc, Ana Joeni tenía en su residencia una subametralladora, 50 proyectiles 7.62 y un cinturón policial, cuando todos los vecinos están conscientes de que a ella la sacaron sin nada”, acotaron.
Asimismo señalaron que cuando acudieron el viernes a la sede del Eje contra Homicidios un funcionario de nombre Leonel Barboza presuntamente les pidió la cantidad de cuatro mil dólares para dejar en libertad a la mujer. “Como le dijimos que no teníamos esa plata, nos respondió: entonces jódanse”, indicaron.
Las hermanas Díaz relataron que su familiar estuvo sin comer porque no les permitieron el ingreso de alimentos, hasta que el pasado domingo una funcionaria le pasó comida y agua.
Destacaron que aunque temen por sus vidas no pueden seguir aceptando los excesos policiales. “Los enseres que nuestra hermana tiene en su casa los compró con trabajo. Ella se dedica a la cría de ganado”, indicaron.
La Sra. Ana Joeni Díaz Carranza, a quien el Tribunal Primero de Control le dictó privativa de libertad en la audiencia de presentación, es la progenitora de dos hombres conocidos como “Pelito” y “Pelín”. Según la policía son mala conducta. Sus tías consideran que las autoridades están tomando represalias con la madre de estos individuos. “Ellos ni siquiera están en La Mata”, aseguraron.
Vale destacar que muchas personas no pudieron ir a sus sitios de trabajo por esta protesta. Algunas se comunicaron con este medio y denunciaron que si intentaban pasar a pie por las trancas eran agredidas, sobre todo a la altura de Matalinda.
Se levantó la tranca
Tras el compromiso de la Fiscal 23 del Ministerio Público, Daylin Rodríguez, de investigar el caso, los vecinos abrieron la vía. La abogada prometió revisar el expediente y exhortó a los manifestantes a formular las respectivas denuncias.
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