El profesional del derecho, José Morón, refirió que los gendarmes realizan allanamientos sin órdenes judiciales y comenten robo de dinero y objetos de valor en estas viviendas
Una serie de acciones irregulares e ilegales, por parte de algunos funcionarios policiales, fue denunciada en nuestra sala de redacción por el profesional del derecho, José Morón.
Allanamientos sin órdenes judiciales, detención de personas sin ningún argumento legal, robos de dinero y enseres a ciudadanos indefensos, incomunicación de presos en las sedes policiales de la zona y negación de información en los cuerpos de seguridad, son algunos de los actos ilícitos que describió el abogado Morón.
“En esta región la mayoría de sus habitantes es pobre y habita en sectores populares, lo que les dificulta recibir una justicia expedita a pesar de que en los seis municipios sus alcaldes son del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), sin embargo este apoyo a la revolución no ha impedido que sean minimizadas las violaciones de Derechos Humanos”, analizó el profesional.
En su exposición, Morón refirió que el pasado 9 de junio, efectivos de Policharallave realizaron un operativo en busca de las personas que dieron muerte a Julio César Aldana, ocurrido un día antes, en la urbanización Santa Rosa Plaza de Ocumare del Tuy.
“En esa oportunidad, los policías, sin orden de allanamiento, ingresaron violentamente a cinco apartamentos de donde sustrajeron dinero en efectivo y enseres, propiedad de los habitantes de estos inmuebles, a quienes además amenazaron de muerte y obligaron a desalojar sus viviendas en Santa Rosa Plaza”, narró el denunciante.
“Una de las víctimas es Efraín, quien vivía en Santa Rosa Plaza III de Ocumare. En una oportunidad no se encontraba en su casa, ya que había ido con su esposa a comprar, pero cuando llegó se enteró que unos ¨policías choros¨ forzaron la puerta de su residencia y se robaron una laptop, ropa, dinero en efectivo, su pasaporte y otros documentos. Para colmo, los supuestos policías le dejaron un mensaje con sus vecinos, donde le informaban que si quería regresar a su hogar debía pagar Bs. 20 millones o de lo contrario lo iban a asesinar o a sembrar con droga”, dijo Morón.
El abogado calificó es acción como un atropello. “La víctima no pudo regresar a su vivienda y en la actualidad deambula con su familia de casa en casa, a pesar de haber sido introducida una solicitud de amparo constitucional en el Tribunal Quinto de Control del Tuy, según número MP-21-AP-2017-000019”, acotó.
Por último, denunció que los jueces obvian los allanamientos ilegales y convalidan presentaciones de detenidos fuera de los lapsos establecidos e inclusive torturas.
MIP – TUY / JCR
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