El abogado José Cruz explicó que el amparo tendría un efecto más inmediato para suspender la aplicación de la ordenanza tributaria y cancelar de acuerdo a lo establecido en el reglamento anterior
Los comerciantes del municipio Cristóbal Rojas introducirán una demanda de amparo constitucional contra el compendio de ordenanzas de carácter tributario aprobado el 10 de diciembre de 2019 por la Cámara Municipal, por considerar que fueron agotadas las vías administrativas.
“Hemos realizado reuniones con el gobierno local para que escuche nuestra opinión sobre este instrumento legal que no se consultó al sector comercio, pero hasta el momento no ha prevalecido voluntad política para que se hagan los correctivos. Solicitamos, además, un cabildo abierto, sin obtener respuesta, hasta ahora”, dijo el abogado José Cruz, en representación de los comerciantes de Charallave.
En tal sentido, Cruz explicó que el amparo tendría un efecto más inmediato para suspender la aplicación de la ordenanza tributaria y cancelar de acuerdo a lo establecido en el reglamento anterior, mientras sigue el procedimiento judicial y se dirime si procede o no la nulidad de los actos administrativos
Cruz cuestionó los operativos de cierre de negocios que viene aplicando el Gobierno local, desde el pasado 26 de febrero, y los cuales continuaron el día de ayer, “lo que deja al descubierto el poco interés que tiene el Ejecutivo en revisar la ordenanza”.
Anclado al petro
En materia legal, Cruz explicó que el compendio de ordenanzas municipales tiene varios estatutos: “el de actividades económicas, que afecta a grandes, medianos y pequeños comerciantes; el de tasas y gastos administrativos que golpea a la colectividad en general y el de impuestos inmobiliarios que coletea a propietarios de casas, locales comerciantes, edificios y terrenos”.
Al referirse a la ordenanza de tasas y gastos administrativos puso como ejemplo que si un ciudadano requiere una carta de residencia debe cancelar 0,35 unidades de petro, lo que representa un aproximado de 1 millón 500 mil bolívares, es decir, que necesita seis salarios mínimos. Lo mismo ocurre con una partida de defunción o acta de matrimonio.
El abogado cuestionó, además, la creación de una Unidad Monetaria Tributaria (UMT) por encima de la establecida por el Seniat, la cual está fijada en Bs. 50 diarios, pero la del municipio Cristóbal Rojas es de Bs. 15.000.
La desfragmentación de la actividad comercial fue otro aspecto con el cual Cruz manifestó su desacuerdo. Al respecto señaló que si bien anteriormente se cobraban los impuestos sobre las ventas brutas, ahora se pagará de acuerdo a cada rubro comercializado. “Si una persona tiene una frutería y allí vende además empanadas y refrescos, pagará al municipio, por cada rubro, el mínimo tributable anclado al petro, que está por el orden de los 2.3 millones de bolívares, sin embargo, 80 % de los comerciantes no puede cumplir con esa cuota, a la cual se suman gastos de empleados, servicios y lo que se le cancela al Seniat”, detalló.
Para concluir el abogado destacó que “lo más grave es que los conejales no tienen discrecionalidad administrativa para legislar en materia cambiaria o monetaria, lo que indica que este compendio de ordenanzas es totalmente ilegal. Además crearon una irregularidad adicional con el cobro del 1 % de las ventas brutas trimestral como un aporte, lo cual no está establecido en ninguna ley”.
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