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Actualidad, Internacionales 30/06/2020 8:30 am

Supremo anula Ley restrictiva de aborto en Luisiana

WASHINGTON. El Tribunal Supremo estadounidense derribó este lunes una ley que habría minimizado el acceso al aborto en Luisiana, en un duro golpe a la campaña de múltiples estados conservadores de EEUU para restringir al máximo ese procedimiento médico que es legal en el país desde hace casi medio siglo, in formó EFE.

La decisión fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se sumaron a la corte dos jueces conservadores que el presidente estadounidense, Donald Trump, seleccionó en buena parte debido a su oposición a ese derecho reproductivo, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

Aunque ambos votaron a favor de la ley de Luisiana, se quedaron en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación.

«La ley 620 viola la Constitución», proclamó el magistrado progresista Stephen Breyer en el fallo, adoptado por una estrecha mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra.

El veredicto significa que «las clínicas de Luisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado», afirmó en un comunicado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, que defendió a uno de los centros médicos del estado en el litigio.

Si el Supremo hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos en Luisiana se habrían visto obligadas a cerrar, y «solo quedaría una, con un único médico», para atender a las mujeres del estado, explicó Northup durante una entrevista con Efe en abril.

La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.

Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de «cerrar las clínicas», porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro en términos médicos como la interrupción del embarazo.

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