Madrid.- El Gobierno de España convocó este lunes 01 de marzo al encargado de negocios de Venezuela en Madrid para desplazar la «decepción» del país canario por la expulsión de la delegada de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, y las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticando la visita de la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, a Colombia.
Cristina Gallach, número dos del Ministerio español y responsable de Iberoamérica y el Caribe, planteó hoy que la expulsión de la diplomática de la UE y las amenazas del presidente venezolano a España «no favorecen que se concrete el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis», informaron fuentes del Ejecutivo español.
España reacciona así a la advertencia de Maduro de «revisar a fondo toda la relación» con ese país tras la visita de González Laya a la ciudad colombiana de Cúcuta, para comprobar la situación en la que están siendo acogidos miles de migrantes venezolanos.
«Ya basta de agresiones, ya basta de hipocresía, ya basta de abusos, ya basta de posiciones de doble rasero de la canciller española favoreciendo a los paramilitares colombianos, favoreciendo al Gobierno de Colombia», dijo el pasado sábado Maduro, quien advirtió de que responderá «de manera contundente a cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política».
En respuesta, González Laya aseguró que no había ido a Colombia para criticar a Venezuela sino para «intentar, junto a la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida».
La embajada venezolana en Madrid no cuenta actualmente con un embajador acreditado, después de que el anterior responsable, Mario Isea, fuera relevado tras cumplir más de siete años en el puesto.
España tampoco tiene un embajador en Caracas, ya que el último, Jesús Silva, fue relevado por el diplomático Juan Fernández Trigo en calidad de encargado de negocios, dado que España no reconoce la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro.
