El Gobierno de venezolano intenta detener la demanda «unilateral» de Guyana relacionada con la disputa de la zona del Esequibo. Venezuela presentó sus objeciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), informó la Cancillería en un comunicado difundido este jueves 9 de junio.
La cartera de Estado afirmó que el objetivo de la objeción preliminar es «defender los derechos e intereses de la República» y procurar «que esa demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso».
En marzo de 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de la Haya para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región de Esequibo.
Cuatro años después, en marzo de 2022, el Gobierno guyanés presentó ante la CIJ -tribunal que en diciembre de 2020 se declaró competente para decidir sobre dicha disputa- sus argumentos para dar validez al laudo arbitral de 1899, que concluyó con una sentencia que le otorgó el territorio a la entonces Guayana Británica, decisión que Caracas no reconoce.
Venezuela reclama alrededor del 70 % del territorio de Guyana, la región de Esequibo, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno chavista.
En el comunicado, la Cancillería recordó que «la posición de Venezuela ha sido, y seguirá siendo, su ineludible apego al Acuerdo de Ginebra de 1966», y rechaza la «instrumentalización» de la CIJ para dirimir una controversia que demanda una solución negociada, con «el debido respeto a esta instancia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas».
El Gobierno sostuvo que «la ‘validez del laudo arbitral de 1899′» había sido «un asunto superado y que fue artificiosamente propuesto en la demanda unilateral de Guyana para buscar librarse de su compromiso a negociar, al cual está obligado conforme al Acuerdo de Ginebra».
Venezuela espera que el asunto «vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa» entre las partes y a la «correcta aplicación» del Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial.
