¿Puede alguien extrañarse de lo que le ocurrió a los 28 mineros en Tumeremo, a 400 kilómetros de Ciudad Guayana?
Una joven mujer camina tranquilamente por una calle, rumbo a su vehículo. Repentinamente es asaltada por la espalda por un hombre que, portando arma blanca (¿cuchillo, bisturí?), la inmoviliza y le pasa el objeto cortante por el cuello, intentando degollarla.
El atacante escapa impune, mientras la mujer en shock se lleva las manos al cuello, quizá sin poder creer lo que le esta pasando.
La realidad supera a la ficción
Lamentablemente, no es este un relato de ficción violenta. La víctima es una Jueza de la República, María Faría Morantes, Jueza 5ª de Control del Estado Miranda, y fue agredida a pocos metros de su Despacho, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa entidad. Sin protección, sin vigilancia, los funcionarios del Poder Judicial se ven expuestos a la ira vengativa de los que han sido objeto de condenas, o a agresiones «por encargo», muchas veces ordenadas desde las cárceles.
Desde hace seis años, el Tribunal Supremo de Justicia ha ofrecido dotar al Poder Judicial en Miranda de una nueva sede. La falsedad de esas promesas tiene un precio amargo, un precio rojo, un precio en sangre.
Si esto le pasa a una juez…
Si esto le ocurre a una Jueza de la República a plena luz del día en las inmediaciones del Palacio de Justicia, ¿puede alguien extrañarse de lo que le ocurrió a los 28 mineros en Tumeremo, a 400 kilómetros de Ciudad Guayana? ¿Puede alguien realmente extrañarse de lo que le ocurrió a Dariana Franco y Joel Muñoz, esposos y efectivos de la Policía del Estado Aragua, que fueron asaltados en su propia casa, secuestrados y asesinados cruelmente? Si a una jueza intentan degollarla en plena vía pública, ¿puede alguien sorprenderse por el comunicado emitido recientemente por Fe y Alegría, denunciando la cantidad de alumnos, maestros y trabajadores de esa importantísima institución que han caído asesinados, víctimas de la violencia impune?
Nn TSJ activo en política
El «muy honorable» Tribunal Supremo de Justicia, al no cumplir su promesa de hace seis años de brindar un entorno de mayor seguridad a los trabajadores del Poder Judicial en Miranda, puede tener evidentemente una responsabilidad no menor en la agresión sufrida por la Jueza Faría Morantes. Igualmente, al concentrarse -con entusiasmo digno de mejor causa- en la obstrucción del trabajo de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, en vez de dedicar sus energías a reducir la impunidad, castigar a los criminales y brindarle a todos los venezolanos acceso real a la justicia, el TSJ tiene una severa responsabilidad en la situación de vulnerabilidad extrema que hoy tiene el pueblo venezolano frente al poder de los pranes, de los criminales violentos que hoy imponen su voluntad ejerciendo control territorial sobre importantes áreas de la geografía nacional.
27 mil que “no volverán”
La jueza Faría Morantes sobrevivió al ataque criminal, gracias a Dios. Con lesiones en el cuello y en el hombro izquierdo, puede hoy sin embargo estar junto a sus familiares y seres queridos. Nos alegramos por ello.
Pero los mineros asesinados, esos si que «no volverán» a sus hogares. Ni los policías asesinados. Ni los maestros de Fe y Alegría abatidos por el hampa cuando iban a llevar educación y valores a nuestros niños de los barrios. Ni ninguno de los 27 mil venezolanos que el pasado año cayeron bajo las balas del crimen impune.
Para todos ellos no hay regreso posible. Y, en muchísimos casos, sus familiares -como en Tumeremo- no esperan justicia, indemnización ni reivindicación alguna, porque consideran que de este gobierno, de este estado de cosas, no se puede esperar nada, al menos nada bueno.
Para sacar a los delincuentes…
Para la memoria de las víctimas, para el dolor de los familiares, para la rabia de los sobrevivientes, lo único que queda es la decisión de luchar para que Venezuela deje de estar en manos de los violentos y vuelva a estar en manos de los ciudadanos. Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del poder. Sólo así los venezolanos volveremos a saber de hechos como éste únicamente en películas o programas de ficción en TV. ¡Solo así los hijos de esta patria rescataremos el derecho a vivir con esperanza, y sin miedo!
Debe ser imparcial…
Pero para sacar a los delincuentes del poder es necesario que las instituciones de la democracia funcionen para el pueblo, y no para las cúpulas corruptas e ineficientes que han saqueado al país y que le han entregado a los pranes primero el control de las cárceles, y luego el control de las calles.
Los ciudadanos hemos hecho lo que tenemos que hacer: nos organizamos, nos movilizamos, exigimos que hubiera elecciones y las ganamos. Así pasó en 2015. Más democrático, pacífico y constitucional, imposible. Ahora, en 2016, la Hoja de Ruta Democrática es similar, pero más urgente porque la crisis también lo es: la nueva mayoría democrática, ese 85 % de país que de acuerdo a todas las encuestas exige cambio, se organiza y moviliza para que haya elecciones (vía enmienda, revocatorio o convocando a una Asamblea Nacional Constituyente), y nuevamente las ganaremos, esta vez por un margen aún mayor, y así tener un nuevo gobierno de unidad nacional.
Todos contra el malandro
Ojalá que frente a esta Hoja de Ruta 2016, democrática, constitucional, electoral y pacífica, la justicia venezolana logre actuar como debe hacerlo (esto es: respetando el deseo de cambio del pueblo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la Ley). Ojalá el sistema judicial venezolano no actúe como una jueza a quien un malandro la agarró por la espalda y le puso un cuchillo en el cuello para que se jubile antes de tiempo, o para que dicte sentencia a favor de los caprichos del poder corrupto…
Porque si eso ocurre (mejor dicho: si eso sigue ocurriendo) el pueblo venezolano sabe exactamente qué tiene que hacer. Y lo hará. ¡Dentro de la Constitución todo!
¡Pa’lante!
“El TSJ tiene una severa responsabilidad en la situación de vulnerabilidad extrema que hoy tiene el pueblo venezolano frente al poder de los pranes…”
