Más de mil empleados del Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario fueron cesados por haber firmado para el Referendo Revocatorio
Más de mil empleados del Seniat, entre funcionarios y trabajadores a nivel nacional que perdieron sus puestos de trabajo por ejercer un derecho constitucional (terrorismo de Estado) por el simple hecho de haber firmado para el Referendo Revocatorio, interpusieron una denuncia el pasado 11 de julio ante la Comisión de Política Interior y justicia para los Derechos Humanos y Constitucionales de la Asamblea Nacional, dando a conocer detalles de la situación que vienen atravesando.
Ahí reposa un expediente donde se relatan las humillaciones, vejámenes, y criminalización de las cuales han sido víctimas. Esta es la historia de María del Pilar Conde González, funcionaria con más de 11 años de servicio en la administración pública, ocho de los cuales en el Seniat, concretamente en la Gerencia Regional (Capital-Los Ruíces).
Esta es su historia:
Caracas, 11 de julio de 2016
Señor:
Wilmer Suárez
Columna: (Acalzonquitao)
Presente:
A través de la presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento las situaciones de abusos y atropellos a los derechos humanos que se vienen presentado a un gran número de funcionarios de Carrera Administrativa en el Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario Seniat, Gerencia Regional (Capital-Los Ruices), Caracas, lugar donde me desempeñaba.
Aunque ya superamos el número de cien (100) de los funcionarios en esta misma situación pertenecientes a las distintas Gerencias Regionales, como lo son: Región Los Andes, Región Central, Región Guayana, como también los sectores adscritos a Región Capital Guarenas Guatire, Libertador, Baruta, etc., cuyo delito fue ejercer un derecho constitucional, como lo es el Referéndum Revocatorio. El Gerente de Región Capital (Los Ruices), Rommel Aular, ejerce el proselitismo político con mayor ahinco que sus antecesores chavistas. Tiene a todos los funcionarios bajo un Estado de terror y angustia casi neurótico”.
Denuncia:
Yo, María del Pilar Conde González, venezolana, portadora de la cédula de identidad Nº 11.680.418, profesional de carrera administrativa grado 12, de profesión abogado, con 11 años de servicio en la administración pública, 8 de ellos en la Institución Seniat, Gerencia Regional (Capital-Los Ruices), hago la presente denuncia:
El día viernes 1º de julio del año en curso, la funcionaria Jefa de División de Administración, Lic. Yaneth Vicuña, llamó por teléfono a la oficina de Sumario Administrativo, solicitando a la Jefa de División, abogada Ángela Terán (quien se encontraba ausente) o a mi persona, que contestara el teléfono y me dijo que fuera a su oficina. Inmediatamente me dirigí a su oficina con la promesa que me iba a dar algo. Allí me saludó con una sonrisa y me indicó que me sentara. Inmediatamente me interpelaron dos personas de Normativa Legal (supuestamente), ya que no se identificaron, y me mostraron dos hojas de un oficio de una supuesta notificación que obligatoriamente debía firmar, sin mediar explicación al respecto. Al preguntar las razones de esta penosa situación; la respuesta fue que el Superintendente solo quiere personas “leales a él”, expresión esta que me dejó en estado de asombro. Seguidamente se me acosó con abuso de autoridad para que le entregara mi credencial (carnet). Ante tal situación y en vista que no son los procedimientos adecuados conforme a derecho como lo estipula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, procedí a retirarme ante tal irregularidad y violación a mis derechos humanos en cuanto a Derecho a la Estabilidad Laboral (decreto Ley de Inamovilidad Laboral), Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, Derecho a la Participación, Derecho a la libre Expresión y libre tránsito en la Institución.
María Del Pilar Conde G.
C.I. 11.680.418
La Constitución
Como bien nos enseñó el comandante Chávez, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada, es bueno recordar qué señala la Carta Magna en su Título IV Del Poder Público, Capítulo I:
Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los municipios, de los estados, de la república y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatal, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.
Saque usted sus propias conclusiones.
WILMER TIPS:
AQUELARRE: lo que parecía un secreto a voces, o un invento en las redes, ahora es una realidad. Me confirma Cicerón que esta semana el superintendente nacional del Seniat, José David Cabello, instruyó a los gerentes de las aduanas del todo el país a decomisar todas las medicinas, artículos médicos, comida y artículos de higiene personal que lleguen vía “courier”, puerta a puerta, incluso bajo el régimen de equipaje. La medida obedece a la creciente recolección de estas mercancías que están realizando artistas, personeros políticos de la oposición, fundaciones y demás entes no gubernamentales bajo la premisa de que en Venezuela hay una emergencia de salud y/o alimentaria. Ya todas las empresas de encomienda en el exterior están informando a sus clientes sobre la medida, como si se tratará de una nueva ley, pero lo cierto es que siempre ha sido ilegal ingresar este tipo de mercancías sin los respectivos registros sanitarios y otros permisos.
DATO: lo que no se sabe o no se dice, es que el gobierno es dueño o socio de varias de estas empresas y pagan un porcentaje de un 4 % aproximadamente en impuestos por cada kilo, ya que en Venezuela no existen impuestos específicos, cobrados por el sistema métrico decimal; kilos, metros. Así que tomen sus previsiones si a ustedes o a algún conocido les envían alguna medicina o artículo médico, comida por algunas de estas vías.
OTRO DATO: la medida que se aplicará a partir del 1/8/2016 no aclara en cuanto a la forma que regirá para el régimen de equipaje, cuando un viajero trae sus propios medicamentos de uso personal y medicados debido a su tratamiento o estado de salud. Habrá comiquita en Maiquetía. Crónica de una muerte anunciada para quienes necesitan medicamentos en Venezuela. Ojalá esta apología al delito entre por casa, y digo delito, porque la salud es un derecho humano, y no prestar la asistencia debida, es un crimen de lesa humanidad.
“Ya superamos el número de cien (100) de los funcionarios en esta misma situación (despedidos), pertenecientes a las distintas Gerencias Regionales…”
ACALZON QUITAO
