Afectados achacan la culpa del incumplimiento al conflicto político entre el presidente Maduro y el primer mandatario regional, Henrique Capriles
“Nuestro reclamo se centra en el maltrato que recibimos los trabajadores de la Gobernación de Miranda (educadores, bomberos, policías, médicos, enfermeras, secretarias, obreros, etc.), quienes estamos en precarias situación económica por la falta de pagos y deficiencia en los incrementos salariales”.
Así lo manifestaron a este medio los educadores Asael Méndez y Juan Carlos Hernández, quienes aportaron cifras referentes que los convierten en víctimas por las deficiencias de la administración regional en las políticas de homologación de sueldos.
Asael Méndez, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Miranda (SITREM), expresó su asombro cuando un docente, licenciado tipo I del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), hoy día devenga un sueldo mensual de bolívares 159.322,00; mientras que el profesional de la docencia, adscrito a la Gobernación de Miranda, con el mismo nivel, sólo recibe 60.346,00 bolívares al mes; lo que ocasiona una diferencia de Bs. 98.976,00 que deja de recibir, lo que equivale a un 164 % de diferencia, tomando en cuenta los aumento oficiales que se han dado.
Así mismo, dice Méndez, el beneficio del Bono de Alimentación (cestatickets) que percibe el colega docente del nivel central de la educación es de Bs. 153.000; mientras que los mirandinos sólo recibimos 108.000; lo cual refleja una inmensa deuda acumulada por las deficiencias del Gobierno regional al no calificar a los docentes con la misma tabla de homologación de sueldos que aplica el MPPE; y que nos corresponde.
“Si bien es cierto, dice el dirigente gremial, que el Gobierno nacional aplica un retardo en la adjudicación de los recursos, bien sea situado constitucional o complemento del adendum para pagar aumentos de sueldos, salarios y bonos, no menos cierto es que la administración regional está en mora con los procedimientos administrativos de las homologaciones de sueldos para con los educadores”.
Por su parte, Juan Carlos Hernández, exigió al gobernador Henrique Capriles y al director de educación, Lic. Juan Maragal, una explicación en el retardo de seis meses para comenzar a realizar los reclamos pertinentes ante la Vicepresidencia de la República, inmediatamente después del primer aumento presidencial, “situación que originó que los docentes cobraran su bono vacacional con la base del cálculo del sueldo de diciembre del 2016”.
En opinión de los declarantes “ante esta disputa política entre el Gobierno central con el Gobierno de Miranda, de la cual no tenemos culpa, pareciera que no le duele a nadie las consecuencias que hoy padecemos los educadores y resto de trabajadores de esta entidad regional; quienes vivimos con sueldos de hambre y miseria”.
Hernández y Mendez aspiran que su voz de protesta llegue a los padres y representantes, consejos comunales y demás sociedad civil, “para que entiendan que cuando manifestamos o protestamos por nuestros beneficios laborales, también lo hacemos por el derecho a la alimentación, la medicina y el vestido de todos los trabajadores, nuestros hijos y familiares”.
MIP-TUY Agencia/Rafael González
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