Tres de los principales partidos políticos de oposición en Venezuela llamaron este sábado a una huelga desde el martes en rechazo a reformas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro.
Las agrupaciones convocantes son Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles; Voluntad Popular, del líder en arresto domiciliario Leopoldo López; y Causa R, del exsindicalista Andrés Velásquez.
«Convocamos este martes (…) a un primer día de PROTESTA Y PARO NACIONAL, en contra de Maduro, en contra de la hiperinflación y el hambre», publicaron a la vez las tres toldas en Twitter. Anunciaron que darán detalles el domingo.
Aún sin plegarse formalmente a esa convocatoria, organizaciones sindicales debaten «cómo articular acciones de protesta» con «sectores sociales», declaró a la AFP Marcela Máspero, presidenta de ÚNETE, una de las mayores centrales obreras del país.
A la espera de la entrada en vigencia de nuevos billetes que restan cinco ceros al bolívar, prevista para el lunes, Maduro anunció la noche del viernes un plan con el que promete atajar la crisis socioeconómica, con hiperinflación proyectada en 1.000.000% por el FMI para 2018 y escasez de alimentos y medicinas.
El programa, dijo el mandatario, multiplicará por 34 el salario mínimo al anclarlo al petro, criptomoneda que el gobierno tasa en unos 60 dólares, basado en el precio del barril de petróleo venezolano.
Maduro fijó el nuevo salario en medio petro, que representa 1.800 de los bolívares que entrarán en circulación el lunes. Así, en los bolívares de hoy, el ingreso mínimo salta de 5,2 millones (menos de un dólar a la tasa del mercado negro, que domina la economía) a 180 millones (unos 28 dólares).
Maduro aseguró que el gobierno asumiría por 90 días el enorme diferencial en la «pequeña y mediana industria».
El nuevo programa económico incluye igualmente un nuevo sistema cambiario que según expertos implica una macrodevaluación, revisión del precio de la gasolina y alzas de impuestos. Ello en medio de alto déficit fiscal -próximo al 20% del PIB- y falta de financiamiento.
Son «medidas desordenadas e irracionales, contradictorias e inviables, que acrecentarán el caos», dijo este sábado a la prensa el vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Alfonso Marquina, miembro de Primero Justicia.
No hay, por el momento, pronunciamientos gremiales. El sector privado está muy debilitado, con una industria que funciona a 30% de su capacidad.
