Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) se apalancaron en su legitimidad de origen y en las atribuciones que les confiere la Constitución para allanar el camino hacia la transición en los primeros cuatro meses del cuarto año legislativo.
Una ley, dos anteproyectos de ley y 15 acuerdos –de 28 en total– fueron aprobados para provocar el “cese de la usurpación” y preparar el terreno para garantizar la estabilidad de un próximo gobierno.
El instrumento central es el “Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, presentado por el diputado y abogado Juan Miguel Matheus, y aprobado el 5 de febrero.
La ley, que tiene 39 artículos, contempla la designación de un presidente temporal, en caso de que no se puedan convocar elecciones en 30 días, y la “depuración” de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral.
Matheus explicó que una vez “cese la usurpación” de Nicolás Maduro en Miraflores y, se instale un gobierno de transición, Juan Guaidó deberá convocar elecciones en 30 días. Pero si no es posible convocar los comicios en ese lapso, la AN deberá ratificar a Guaidó como presidente provisional para que conforme un gobierno de unidad nacional que tendrá una duración máxima de 12 meses y el objetivo de convocar presidenciales lo antes posible.
El anteproyecto de ley de amnistía que presionó el líder opositor Juan Guaidó como un “giño” a la Fuerza Armada Nacional está bajo revisión y consulta pública.
Mientras que la Ley de Garantías será aprobada en segunda discusión el próximo martes 30 de abril, prometió el dirigente de Voluntad Popular.
