Los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, solicitaron este martes a la alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, que haga cumplir al Gobierno de Nicolás Maduro las recomendaciones del organismo para que se respeten los derechos fundamentales.
El líder del Parlamento, Juan Guaidó, que es reconocido como presidente por más de 50 naciones, explicó a periodistas que la situación de los derechos humanos se ha agravado porque «el régimen no acató ninguna de las sugerencias emanadas del primer informe» de Bachelet, emitido el pasado mes de julio.
En julio, Bachelet recomendó la disolución de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES) por considerar que estaba involucrada en ejecuciones extrajudiciales; asimismo, pidió la liberación de las «personas privadas arbitrariamente de su libertad», evitar la politización de las ayudas sociales y cesar la persecución de los defensores de derechos humanos.
«Le faltó contundencia» al informe, sentenció la diputada Adriana Pichardo durante la sesión de este martes, pues consideró que la situación actual «es mucho peor que apenas hace dos meses».
La Asamblea, sostuvo Pichardo, debe «exigir que se cumplan los compromisos adquiridos» con Bachelet, por lo que pidió la visita inmediata a todos los centros de reclusión en donde están los «presos políticos», así como la atención médica a estas personas.
Además, consideró que de las 24 recomendaciones del reporte original de la ONU, «solo cinco medianamente tuvieron alguna observación por parte del régimen».
Pichardo citó un estudio que asegura que el 96 % de los venezolanos «no tienen acceso total a los alimentos», lo que implica, según ella, «una clara demostración de la crisis enorme y de la violación grave a los derechos humanos» en el país.
Los diputados coincidieron en que la actualización del reporte sobre Venezuela, que Bachelet presentó este lunes en Ginebra, demuestra la profundización de la crisis económica y social en el país suramericano.
La diputada Marialbert Barrios dijo que la actualización del informe de la ONU refleja que en menos de dos meses la situación económica y social «ha venido de mal en peor».
«Nunca antes se había visto (la) violación sistemática de derechos humanos a un pueblo como lo que vive hoy Venezuela», subrayó la legisladora.
«El éxodo de venezolanos alcanza los 4,3 millones, entre refugiados e inmigrantes, y que preocupa mucho más las medidas que se han venido tomando y que ponen en riesgo la vida de nuestros migrantes venezolanos», advirtió Para Barrios, el informe de Bachelet «nos preocupa y nos ocupa no solo a los venezolanos sino a todos los miembros de esta región».
La diputada y defensora de los derechos humanos, Delsa Solórzano, resaltó la desmejora de las condiciones sociales que reflejó la actualización del reporte de la ONU al precisar que el salario mínimo en Venezuela es apenas de dos dólares mensuales.
En Venezuela «todos los precios están dolarizados, pero el salario no. Entonces, un venezolano que gana dos dólares al mes no puede ser menos que víctima de una gravísima crisis humanitaria», señaló Solórzano.
Por su parte, el parlamentario Daniel Antequera denunció que fueron despedidos cuatro miembros del personal sanitario del hospital Pastor Oropeza, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (estado de Lara, centro), luego de ofrecer en marzo pasado su testimonio a la delegación de Naciones Unidas sobre la precariedad del servicio.
