La adjudicación de un apartamento en el urbanismo Vista de Matalinda en el municipio Cristóbal Rojas (Charallave) creó una controversia entre dos personas que aseguran ser las propietarias del inmueble, al tiempo que movilizó a las autoridades locales hasta el lugar para iniciar una investigación que, según el Gobierno local, arrojó como resultado que hubo una estafa.
El impasse se presentó frente al inmueble y se hizo viral por las redes sociales el viernes 3 de julio, a través de un video. En el material audiovisual se observa a una ciudadana con un documento en mano, el cual alegó no estar notariado, porque desde marzo los registros civiles están cerrados, a propósito de la cuarentena social por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el mismo domicilio había sido asignado por el alcalde Humberto Marte a un funcionario público.
“Yo quiero que usted me diga si este ciudadano (en alusión al otro presunto adjudicatario) tiene un documento donde conste que este apartamento es de él; yo por lo menos tengo un papel. O sea él se metió en mi apartamento y le cambió la cerradura, pero no se sudó como yo para tener una casa”, señaló la presunta propietaria al dirigirse a Oscar Valladares, director general de la alcaldía de Charallave y al síndico municipal, Carlos Rodríguez.
Al respecto Rodríguez informó que luego de implementarse un estudio legal sobre el status de algunos apartamentos que se encontraban desocupados desde el año 2012 en Vista de Matalinda, concretamente en situación de abandono, se detectaron irregularidades en los procedimientos de entrega y de adjudicación de viviendas, por parte de personas naturales.
“El documento presentado por la supuesta propietaria no estaba visado por un abogado, no tenía planilla de liquidación de impuestos, ni sello del registro inmobiliario correspondiente, ni firma que acreditara la legalidad, hecho que evidencia presuntamente una documentación falsa. Procedimos a citar a las partes a mi despacho a los fines de despejar las variables sobre las interrogantes, pero esta ciudadana no atendió el llamado, probablemente porque dicha documentación carece de sustentación legal”, indicó.
Cabe resaltar que este urbanismo fue intervenido por el ejecutivo nacional, según Gaceta Oficial 39.799 del 14-11-2011, donde se designó una junta interventora contra el Consorcio Urbanístico del Tuy (CONSURTUY C.A.). En consecuencia fue declarado por el presidente de la república como una área vital de vivienda y residencial, según decreto presidencial 8.889 del 29-03-2012, Gaceta Oficial número 39-896 del 02-04-2012.
“Tras este incidente, la alcaldía del municipio Cristóbal pretende dar por terminadas las estafas que se han cometido contra muchas familias víctimas de las argucias de unos aprovechadores de la necesidad de vivienda, mientras el gobierno local busca asegurar el derecho constitucional a la vivienda”, dijo Rodríguez. MIP-TUY
