La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió hoy al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias «Informe Cifras», en prisión desde hace seis meses.
García Hidalgo está recluido desde marzo pasado en la penitenciaría para procesados por delitos comunes Yare III, aunque la Fiscalía General de la República lo ha imputado por el delito político de «rebelión civil».
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, organismo con sede en Miami (EE.UU.), solicitó que a García Hidalgo «se le garanticen los derechos a su integridad física, igualdad ante la ley y el debido proceso».
Paolillo manifestó su sorpresa y desconfianza por la forma en que se han conducido las autoridades venezolanas, al recluir a García Hidalgo en un calabozo para presos por delitos comunes.
El periodista permanece con grave riesgo para su seguridad hacinado en un calabozo de 16 metros cuadrados con siete acusados por delitos comunes, y no ha recibido la atención médica que requiere su delicado estado de salud, denunció la SIP.
La acusación contra García Hidalgo tiene su origen en opiniones que el periodista vertió en abril de 2002, tras el golpe de Estado en Venezuela.
Una fotografía, en la que García Hidalgo aparece junto al entonces opositor teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, ha sido utilizada como prueba de su participación en la asonada.
Sin embargo, sus defensores alegan que la presencia de García Hidalgo en las instalaciones militares obedeció exclusivamente a la búsqueda de información como periodista.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, consideró además que García Hidalgo «podría ser investigado o procesado en libertad, por jueces civiles, probos y garantes de la justicia». Argumentó que el hecho de que continuara en el país y mantuviera sus labores de informador en estos últimos once años «demuestra que no puede operar la presunción de peligro de fuga».
La falta de claridad sobre las acusaciones, la detención y el lugar de reclusión, así como el carácter disidente del detenido, son elementos que la SIP pondera en este caso.
También preocupa a la SIP las medidas que el Gobierno venezolano ha venido tomando contra otros periodistas y medios de comunicación en represalia por su línea editorial, como es el caso del periodista y editor Leocenis García.
La semana pasada, la SIP reiteró un pedido al Gobierno de Venezuela sobre garantías jurídicas y debido proceso en favor de Leocenis García, presidente del grupo editorial Sexto Poder, encarcelado en una dependencia militar desde el 30 de julio pasado, solicitud que, según el organismo, sigue sin ser atendida por las autoridades de ese país.
EFE
