A sugerencia de las FARC, en la eventual liberación de tres uniformados deben estar delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de Colombianos por la Paz, un colectivo que clama por una solución del conflicto por la vía política
Tres meses y medio después de la instalación de la mesa de diálogo en Oslo, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atraviesa tal vez por el momento de mayor tensión, que no implica una ruptura inminente pero que es visto como una verdadera prueba de fuego.
Las partes, que en noviembre trasladaron las conversaciones a La Habana, han estado discutiendo desde entonces sobre el desarrollo agrario, el primer ítem de una agenda de seis puntos, en medio de un gran hermetismo que ha impedido conocer detalles de la negociación.
La falta de noticias sobre avances llevó a un hermano del presidente Juan Manuel Santos, el prestigioso periodista Enrique Santos, a afirmar que el proceso necesita más rapidez para que no se «asfixie».
Pero aunque el presidente comentó que una cosa es la opinión de su hermano y otra la del gobierno, el proceso de paz comenzó a transitar por un terreno fangoso desde la semana pasada, a raíz del secuestro de dos policías en el departamento de Valle del Cauca (suroeste).
El gobierno afirmó desde un comienzo que el secuestro, que ocurrió el 25 de enero en las afueras de la ciudad de Palmira, fue cometido por las FARC como forma de presión para que Santos acepte una tregua bilateral.
Las FARC cumplieron entre el 20 de noviembre y el 20 de enero una tregua unilateral. El gobierno descartó sumarse a la iniciativa con el argumento de que un cese bilateral del fuego solamente se dará cuando el proceso llegue a la fase de firma de los acuerdos.
Mientras tanto, según ha repetido una y mil veces Santos, la orden del gobierno a las Fuerzas Militares es intensificar la ofensiva contra la guerrilla.