Los hechos
El 29 de enero de 2011, Daniel Antonio Núñez, de 40 años de edad, celebraba el cumpleaños de su hija Francis Daniela Núñez Martínez, de 16 años, en su casa ubicada en el Barrio Brisas de Petare, en Caracas. Alrededor de las 3:30 am, comenzó en las afueras de la casa una balacera. Se supo que presuntamente resultó herida una joven.
Al día siguiente, a las 11:30 am., se presentó en el lugar una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Daniel al verlos les preguntó que si venían por el problema de la fiesta, a lo que contestaron que sí; él les preguntó si hubo muertos y dijeron que sí. Luego él les dijo que era el dueño de la casa y empezaron a hacerle preguntas. Los funcionarios tomaron los datos de Daniel, su hija Francis y un primo de nombre Jesús Alberto Vivas y les dijeron que tenían que ir a declarar. A los tres les entregaron una citación para declarar ese mismo día a la sede del CICPC ubicada en la Avenida Urdaneta de Caracas.
Comienza el terror
Daniel, Francis y Jesús declararon en oficinas distintas. A Daniel lo interrogaron y le decían que dijera quién había disparado. Daniel contestó que no sabía. Lo insultaron y lo golpearon en la cara con la mano abierta. Le dieron otro golpe con la mano abierta por la nuca y le decían: “Di, porque te vas a meter en problemas ¿tú no eres el hombre de la casa? ¿Tú quieres ver como traigo a tu hija y la “jodo delante de ti?”. Otro funcionario se le acercó y lo golpeó en el otro lado de la cara. Cuando le pegó, Daniel sintió como se le desprendió un pedazo de la muela. Otro funcionario le amarró las manos con las trenzas. Le colocaron una bolsa negra en la cara, doblada y prensada hacia atrás para producir asfixia. Le dijeron que se sentara sobre las manos atadas y de ahí lo tuvieron hasta que otro funcionario tomó la declaración, la cual Daniel leyó, firmó y colocó sus huellas. A Daniel le dijo un funcionario que entró a la oficina donde lo tenían, “tu hija es más valiente que tú”. Paralelamente a esto, Francis Daniela estaba en otra oficina, donde tres funcionarios hombres, uniformados, empezaron a interrogarla sin presencia de algún fiscal del Ministerio Público y sin presencia de su madre (Francis Daniela era una adolescente para la fecha). Los funcionarios comenzaron a interrogarla golpeándola en el rostro, también le amarraron las manos con una correa. Francis Daniela lloraba y escuchaba cuando golpeaban a su padre en otra oficina. Después la dejaron de interrogar y la dejaron salir. Momentos después le dieron por escrito su declaración, pero no la vio ni la leyó, sólo la firmó y colocó sus huellas.
Cifras de tortura
El caso de la familia Nuñez- Martínez es uno de los 251 recibidos por La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz durante el período 2003-2011. Según el análisis realizado por esta organización de derechos humanos los casos evidencian la ejecución de tortura, en su mayoría, en personas del género masculino (80,08%), en edades comprendidas entre 18 a 28 años (45,42%), afectando predominantemente a personas provenientes de sectores populares, entre los que destacan estudiantes (22,31%), obreros (13,94%) y personas que ejercen oficios varios como albañilería, plomería, mecánica, limpieza, entre otros (10,76%). El CICPC encabeza las denuncias recibidas.
Las cifras señaladas y los testimonios como el de Daniel y su familia, hablan de situaciones cotidianas en las cuales puede resultar víctima cualquier persona. La tortura es un riesgo para todas y todos, particularmente para quienes habitan en los sectores populares urbanos.
Avances y retos pendientes
Vemos que aunque se han hecho recientes avances por parte del Estado Venezolano en esta materia, como la aprobación de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (4 de junio de 2013) donde se define la tortura como delito y se establecen las sanciones correspondientes, así como, adelantos en materia policial, con la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad (UNES), la realidad es que aún prevalece el autoritarismo y la violencia en la cultura social y policial, factores que favorecen la práctica de la tortura, los maltratos y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En cuanto a las policías, la cultura autoritaria se reproduce en los medios de intervención y actuación policial asociados al castigo físico que se aceptan y practican con regularidad. En el ámbito social, la naturalización o “normalización” de las prácticas de maltrato y corrupción por parte de efectivos de seguridad, así como, la tolerancia y aval en torno a la aplicación de “políticas de mano dura” que minimicen la ocurrencia de actos delictivos, constituyen un caldo de cultivo para la práctica de la tortura.
La situación se hace más compleja cuando a lo anterior sumamos el poco manejo de información de la población sobre sus derechos y los mecanismos de denuncia por violación de derechos humanos, así como, el miedo de las víctimas y sus familiares a denunciar por temor a ser nuevamente agredidos o al percibir el proceso legal como una pérdida de tiempo por la poca efectividad del sistema judicial.
Exigir un modelo
policial humanista
Ante esta realidad hay que actuar positivamente, ya basta de exigir y avalar las actuaciones violentas de los cuerpos policiales, las comunidades organizadas deben defender su derecho a la seguridad desde el ejercicio de la contraloría y desde el apoyo a una policía como servicio público respetuoso de los derechos humanos. Los derechos humanos y la seguridad no están en contradicción. Todos y todas debemos exigir a las autoridades y a los cuerpos policiales que garanticen “seguridad” respetando los derechos humanos como lo establece la Constitución y las leyes. Debemos exigir y velar para que de verdad se asuma el “nuevo modelo policial humanista y democrático”.
Números oficiales
La Defensoría del Pueblo, en sus informes anuales www.defensoria.gob.ve, registró entre los años 2005 y 2011, 14.118 casos y, sólo en el año 2008, el Ministerio Público procesó 7.352 denuncias de violaciones al derecho humano a la integridad personal por parte de funcionarios policiales y militares según su “Informe Anual” correspondiente a ese año www.ministeriopublico.gob.ve
www.redapoyo.org.ve
comunicacion@redapoyo.org.ve
Maryluz Guillén