El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) respalda en nombre de sus afiliados y representados, los anuncios presidenciales relativos a la dinamización del comercio bilateral que se produjeron esta semana en Puerto Ayacucho, luego de la reunión que sostuvieron los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro Moros, respectivamente. El gremio empresarial expresó que, de esa manera, hacía pública lo que, individualmente, les habían transmitido sus cámaras afiliadas y relacionadas de los estados Táchira, Zulia y Apure, cuya dirigencia, además, expresó estar dispuesta a participar en los encuentros posteriores que promovieran los gobiernos de ambos países, con el fin de que la Comisión de Alto Nivel que se reactivará desde el venidero 2 de agosto, haga posible la consecución de los objetivos que se ha propuesto alcanzar en los meses venideros. De igual manera, el máximo organismo empresarial del sector terciario ratificó su preocupación por las implicaciones que tiene para el comercio en general, aunque con mayor incidencia a nivel del sector detallista, la obligatoriedad de cumplir con lo que establecen la Providencia número 13 del pasado 2 de julio y artículo 45 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios , en cuanto al marcaje de inmediato del Precio de Venta a Público (PVP) o Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) de los artículos que expenden. Para Consecomercio, dicho cumplimiento legal no está en duda, ya que el comercio formal siempre hará lo que corresponda para honrar lo que le establecen las leyes que se aprueben, y que lleven implícitos requerimientos dirigidas al sector terciario. Pero lo que para los comerciantes es hoy un problema dicho cumplimiento, es la obligatoriedad de fijar etiquetas, marcajes apropiados en un sinfín de bienes cuyo tamaño, formas de almacenaje y sistema de comercialización lo imposibilitan. Desde comienzos del año en curso, de igual manera, Consecomercio llamó la atención con respecto a las repercusiones que tendría en las pequeñas empresas, el otro obligatorio cumplimiento legal relacionado con el ajuste de sus actividades a nuevos horarios de trabajo, según lo que les establece la Ley 0rgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadores (LOTTT). Los efectos negativos ya son conocidos y de eso pueden dar fe los comerciantes, los trabajadores y los consumidores, por igual. Y que ahora se les imponga el cumplimiento esa otra nueva disposición, existiendo los impedimentos ya citados por fabricantes, importadores, mayoristas, y distribuidores, no es descartable que, a juicio de Consecomercio, que eso se convierta en otra causa para seguir debilitando esa mayoritaria estructura comercial venezolana, la de las pequeñas empresas, mayoritariamente familiares y con casi mínima capacidad financiera para seguirse ajustando a lo que disponga el Estado.
Agencias