Mientras voceros del gobierno siguen hablando de “supuestas” victimas, familiares de los trabajadores solo piden que aparezcan
El Gobernador del estado Bolivar, Francisco Rangel Gómez, salió a declarar precipitadamente que en Tumeremo no había pasado nada y que todo era una alharaca malsana de la oposición para desprestigiar al Gobierno Nacional
Cuando el pasado domingo La Voz informó sobre los sucesos de Tumeremo, el temor crecía cada vez más en la mente de todos los habitantes de esa región, menos en la del Gobernador del estado Bolivar Francisco Rangel Gómez, quien precipitadamente salió a declarar que en ese pueblo no había pasado nada y que todo era una alharaca malsana de la oposición para desprestigiar al Gobierno Nacional.
Como siempre, los hechos empezaron a encandilar a la opinión pública y aunque aún no hay ningún indicio, los testimonios de los testigos son dramáticos y todo hace suponer que el terror al cual están sometidos los habitantes de esa región ha sido el único impedimento para que surja la verdad.
Y es que en el estado Bolivar es un secreto a voces cómo operan las bandas ilegales que explotan las minas de oro, con la aparente complicidad de funcionarios públicos, en especial los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, precisamente los encargados de proteger los recursos naturales y en especial los de alto valor comercial como el oro.
Por otra parte, la apresurada declaración del gobernador del estado Bolivar, Francisco Rangel Gomez, lo hace aparecer como responsable de esta situación, si no cómplice por lo menos negligente, ante una explotación y comercialización aurífera ilegal que todo el mundo conoce menos él. El viernes pasado por la mañana, un grupo de mineros se dirigió al sitio conocido como La Bulla del Miamo y se encontró con alcabalas improvisadas montadas por elementos con uniformes de organismos policiales, quienes, según los vecinos del lugar, pertenecen a la banda de “El Topo”, una banda criminal que desde hace más de una década se ha convertido en el terror de la zona y que se encarga de explotar y administrar minas ilegales de oro con la complicidad de funcionarios públicos.
Según denunciaron familiares y testigos del hecho entrevistados por las autoridades, incluido el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, los mineros fueron llevados a la mina Atenas, donde fueron víctimas de ráfagas de ametralladoras. Se dice que 28 de ellos habrían muerto, mientras el resto escapó, presa del pánico, hacia una región boscosa cercana al lugar.
Los testigos presenciales de este hecho han declarado con la condición de que omitan sus nombres, porque -según expresan- el nivel de complicidad de los funcionarios públicos con la banda de “El Topo” alcanza todas las esferas del poder público en el Estado Bolivar.
Una conversación sostenida por un periodista de sucesos de este diario con uno de los sobrevivientes, revela que la banda de “ El Topo” es una de las cuatro que opera en el estado Bolivar, apoyada en las jugosas ganancias obtenidas en la explotación de minas de oro ilegales.
“El Topo” es un criminal identificado como Hendry Norberto Bonalde, quien fue detenido en mayo del año pasado, pero una información publicada por el diario El Expreso de Ciudad Bolivar el 5 de noviembre de 2015 reveló que el cadáver de un hombre con las mismas características de “El Topo” había sido sido llevado a la morgue del Hospital de Ciudad Bolivar, aunque ninguna fuente oficial confirmó la noticia. Su banda sigue operando al sur del estado Bolivar, donde controlan todos los yacimientos de oro, y según versiones recogidas en el lugar de los hechos, actúan protegidos presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), con quienes comparten sus ganancias.
La denuncia de los testigos y familiares de las victimas es aterradora. Los mineros habrían sido acribillados y sus cuerpos descuartizados con moto-sierras.
Los lugareños revelan que desde el año 2006 existe una pugna por el control de los yacimientos de oro que son explotados ilegalmente en esta región de Venezuela. Las bandas armadas que vieron en los yacimientos ilegales una forma de enriquecerse fácilmente, se repartieron el territorio y la gente relata cómo delincuentes como El Chingo, El Gordo Bayón, el Negro Fabio, Juancho, El Morocho y El Topo ejercieron por la fuerza el tutelaje de la actividad aurífera al margen de la empresa estatal Minervén, amparados en la violencia y con la explicita complicidad de las autoridades. En el año 2014 el gobierno quiso ponerle el cascabel al gato y creó una Comisión Presidencial para organizar y legalizar esta actividad, pero la comisión fracasó ruidosamente, dejando nuevamente esta actividad en manos del hampa
Hoy la atención del mundo está puesta en Venezuela, ya que esta noticia acaparó titulares de todos los medios a nivel internacional.
