El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, afirmó hoy en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento es «una grave amenaza a los derechos humanos».
Devoe se refirió a la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, a la que el Ejecutivo Nacional se opone de manera rotunda, como «una grave amenaza a los derechos humanos que se gesta desde un poder del Estado», reseñó Efe.
En su opinión, la ley pretende dar «impunidad a una amplia gama de delitos «cometidos desde 1999 hasta su eventual entrada en vigor, e incluye «hechos tan graves» como el uso de niños y adolescentes en la comisión de delitos, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción.
«Dentro de ese amplio catálogo de delitos quedan comprendidos hechos que son infracciones del derecho internacional», sostuvo. Asimismo, Devoe denunció que la oposición ha aprobado esa ley por su propio interés, para que se libere a los opositores presos, y consideró que «quienes aprueban una ley de amnistía no pueden ser sus beneficiarios».
El secretario Ejecutivo estuvo acompañado por el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, quien aprovechó el foro para criticar una vez más, que el secretario general de la organización, Luis Almagro, pecara de «imprudencia y falta de diplomacia» al denunciar falta de garantías en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la audiencia, pidieron a la CIDH un pronunciamiento sobre las críticas e incumplimientos de Venezuela respecto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Además, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social subrayó que en los últimos cinco años ha habido más de 30.000 protestas, el 98 % de ellas pacíficas, y más del 80 % han tenido por objeto la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIDH, que solo tuvo cinco minutos para dar su opinión, reiteró su deseo de poder hacer una visita al país, algo que no ha podido hacer desde que en 2013 publicó un informe muy crítico sobre derechos humanos.
Francisco Eguiguren, miembro de la CIDH, ofreció la Comisión como un espacio de diálogo y subrayó que llega al cargo con una postura abierta de diálogo y neutralidad. «Sabemos que se vive una situación bastante delicada de crisis social y de polarización aguda en la sociedad venezolana, y el mejor servicio que podemos dar para los derechos humanos y la democracia es contribuir con un espacio de diálogo que evite una mayor agudización del problema», expresó el comisionado.
«Espero ver a Venezuela plenamente dentro del Sistema de Derechos Humanos y que se pueda visitar el país», agregó.
Venezuela denunció la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012, de manera que las violaciones de derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013 -cuando entró en vigor la denuncia- no podrán ser vistas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). EU
YM