Respeto a los poderes
Sin coordinación alguna y haciendo uso de la fuerza, representantes del poder Ejecutivo invadieron el Palacio Federal Legislativo para hacer a su manera, lo que ellos consideraban que debían hacer el 5 de julio
Quizá uno de los más lamentables legados que nos estén dejando estos días a los venezolanos, sea el irrespeto a los poderes constituidos, y más aún si hablamos de poderes legítimamente electos por la ciudadanía.
El más reciente y doloroso episodio que refrenda lo que aquí afirmamos se dio el pasado 5 de julio con motivo de la conmemoración de los 206 años de la Independencia de nuestro país.
Sin coordinación alguna y haciendo uso de la fuerza, representantes del poder Ejecutivo invadieron el Palacio Federal Legislativo para hacer a su manera, lo que ellos consideraban que debían hacer en la fecha.
Lógicamente, y si nos retrotraemos a las prácticas de los países civilizados, la ocasión es adecuada para que los poderes convivan y se reconozcan bajo la celebración de la fecha patria. Pero sabemos que Venezuela está fracturada, tremendamente fracturada. Y eso, lamentablemente, no es posible.
Se trata de un episodio muy lamentable, que no deja de ser otro retrato más de cómo no se debe proceder en naciones democráticas, donde es normal que diversos entes del Estado estén en manos de corrientes políticas diferentes e incluso opuestas, sin que ello implique menoscabo del respeto y de la convivencia.
O más aún, justamente por ello, estas virtudes deben prevalecer, en tanto y en cuanto el hilo de la civilidad es cada vez más delgado en forma proporcionalmente inversa a los desacuerdos entre tendencias políticas opuestas.
El hecho en cuestión es el más reciente de una serie de atropellos al poder Legislativo, el cual no es reconocido desde el Ejecutivo a partir de haber sido ganado en forma avasallante por las fuerzas alternativas democráticas en diciembre de 2015.
Desde entonces, hemos visto cosas como las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que tuvieron que ser echadas para atrás por su carencia absoluta de bases; o la toma del parlamento por parte de fuerzas del orden y de grupos civiles afectos al gobierno que atropellaron al presidente de ese poder el pasado 27 de junio, e incluso mantuvieron retenidos contra su voluntad a un grupo de periodistas que eran homenajeados ese día.
Situaciones como las enumeradas, se suman al del nombramiento en paralelo de dos vicefiscales generales de la república, uno por el Legislativo y otro más por el poder Judicial. Esto solamente por recordar otro de los casos más recientes que enfrentan a los poderes públicos nacionales.
Recordemos que la Sala Constitucional designó a Katherine Nayarith Haringhton Padrón como vicefiscal, en desconocimiento de la Asamblea Nacional. Esto sucedió apenas un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el 17 de abril pasado.
De acuerdo con el artículo 25, apartado 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Parlamento es el único que puede proceder a elegir al vicefiscal. Este lunes, la mayoría de los parlamentarios aprobó a Rafael González para el cargo.
Este nuevo impasse que se suma a una lista ya demasiado larga, es una muestra de que la convivencia entre poderes se encuentra atravesando un trance sumamente delicado y que movimientos como los realizados en la mañana del 5 de julio deben ser hechos con el mayor protocolo posible, en tanto y en cuanto los ánimos están por demás revueltos en el país.
El desafío en estas circunstancias no es un buen consejero. El venezolano ha probado sobradamente tener una aguda intuición política y una formación ciudadana sólida, y percibe, por tanto, cuando se realiza un movimiento indebido de cara al bienestar nacional.
En pleno siglo XXI ya no se trata de quién tiene la fuerza; sino de quién quiere el bienestar nacional y trabaja por el mismo. Cualquier otra agenda debe quedar automáticamente execrada, ante los complejos días que vivimos.
Mil veces lo hemos dicho en este espacio: el país no va a salir del trágico revés que hoy transita si todos no remamos en la misma dirección. Parece que no se comprende que esta confrontación, que hace rato pasó de castaño a oscuro, nos va a hundir a todos, en caso de seguir adelante. Aún a quienes le apuestan a ella como arma política, pensando que así pueden mantener, acrecentar y perpetuar el control.
Somos los primeros que votamos por una convivencia transparente y sana entre poderes, en tanto y en cuanto sabemos que es el pilar fundamental para el progreso de un país. Sin embargo, y con la sinceridad por delante, eso no parece posible en la coyuntura actual.
No solamente la ciudadanía vigila, el mundo también. Volver al cauce de la institucionalidad sería lo más recomendable y lo más ano para todos. Una relación ganar-ganar. ¿Será posible aún?
